Los empresarios de la Unión Industria Argentina (UIA) prevén que la actividad manufacturera de este año podría crecer entre 8% y 9%, pero para ello debería haber “incentivos”. A partir de las disposiciones del Gobierno, y con miras a la apertura de las actividades, las empresas convocan a los obreros que estuvieron trabajando en pandemia y que ya recibieron una dosis de la vacuna contra el coronavirus y sugieren no pagar el sueldo a aquellos que no quieran darse la vacuna.
“La decisión la va a tomar cada empleador. Hay una cuestión de conciencia y de buena fe“, dijo Daniel Funes, titular de la UIA. En ese sentido, dijo que la central fabril “no tiene poder de imperio” con sus socias, por tanto, cada empleador deberá definir qué hacer con sus empleados convocados a trabajar y que no se quieren vacunar.
Desde la entidad informaron que “no están propiciando despidos”, pero los límites en virtud de las leyes laborales vigentes pueden no ser claros. Si bien hay argumentos legales que respaldan el caso de una empresa que no quiera mantener las dispensas, también hay un cierto riesgo de judicialización. “En Argentina todos es judicializable, lamentablemente. Creemos que tenemos fundamentos para ello”, indicó el presidente de UIA.
Los empresarios opinan que el hecho de ir a trabajar en un espacio donde se debe convivir con otros empleados, implica una cuestión de conciencia personal de cada empleado. “Quien quiera entrar al lugar de trabajo colectivo tiene que tomar las medidas del caso. Si no quiere vacunarse no podrá ingresar a su lugar de trabajo”, indicó Funes.
