Por tercera vez en ocho años la Ley de humedales perdió estado parlamentario, luego de que no obtuviera sanción en una de sus Cámaras durante 2020 (año en el que tuvo entrada en el cuerpo) y 2021.
De esta forma, al igual que en 2013 y 2016, se tomó al proyecto por caducado y se deberá volver a empezar, perdiendo así en este caso el dictamen que se logró en la comisión de Recursos Naturales.
En esa línea, la integrante de la organización para la conservación del medioambiente Multisectorial Humedales, Julieta Bernabé, hizo referencia a las principales causas que motivan a que no se logre una sanción; se trata principalmente de una cuestión de lobbys, mayormente en el tema agrícola, ganadero, forestal, inmobiliario y minero.
“Esta gente, que tiene estos emprendimientos a gran escala en los humedales o planea generarlos, genera presión para que la ley no salga, creyéndose perjudicados por esta posible legislación”, comentó la activista.
“Lo que hace la ley es brindarles una protección a los humedales de todo el país y, si bien no prohíbe la producción en estos espacios, lo que sí hace es determinar bajo qué características se lleva a cabo, es decir, que no sean producciones que puedan ser contaminantes para estos territorios. Hay una deuda enorme”, explicó.
La sociedad está más atenta, porque hemos llegado a un nivel de degradación ambiental tan grande que está afectando por primera vez a un conjunto enorme de seres humanos. El tratamiento es urgente, estamos perdiendo biodiversidad de una manera nunca antes vista. Son ambientes que cuando se pierden no se recuperan, se pierden para siempre”, concluyó Bernabé.
A nivel país, el 21,5% de la superficie son humedales, ocupando más de 600.000 kilómetros. Entre algunas de sus funciones vitales se encuentran la provisión de agua dulce, la mitigación del cambio climático y la prevención de inundaciones.
