“Vamos a apelar esta absurda decisión“, expresó el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en referencia al fallo del juez de Garantías N°2 de Mar del Pata, Saúl Roberto Errandonea, quien en una resolución de quince carrillas resolvió no hacer lugar al pedido del alcalde, que acompañó el fiscal Juan Pablo Lódola.
Ambos funcionarios entendieron que la salud y la integridad física de las personas que el domingo tomaron un predio municipal ubicado en el barrios Las Heras, corrían peligro porque estas 16 hectáreas son utilizadas por Obras Sanitarias como “un reservorio en momentos de inundaciones”.
Una decisión que sorprendió
El magistrado no solo desautorizó el desalojo de las treinta familias asentadas en el predio ubicado en el perímetro de la Avenida Fortunato de la Plaza, entre Reforma Universitaria y Rufino Inda, sino que le ordenó a la municipalidad de General Pueyrredón asistir con alimentos y otros insumos a las personas que realizaron la toma.
Las palabras exactas del juez fueron: “Arbitrar las medidas necesarias para procurar un canal de comunicación, transporte y provisión de alimentos , agua y elementos sanitarios y/o médicos para las personas que se encuentran en el inmueble hasta tanto se resuelva en definitiva la cuestión”.
Enojo y preocupación
Montenegro adelantó que va a apelar la resolución: “No estamos de acuerdo con este fallo absurdo. Vamos a aportar más documentación a la que ya incluimos en el pedido de desalojo y que demuestra que en ese predio municipal opera un cuenco de amortiguación hidráulica que forma parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS)”.
Y agregó: “Claramente se cometió un delito. El que toma un terreno es un delincuente”. El funcionario aclaró que los vecinos “tienen temor por el aumento de la inseguridad en la zona”.
