El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) ha sido tema de debate recurrente en la provincia de Buenos Aires, donde se considera una medida crucial para la seguridad vial, aunque no exenta de críticas. Recientemente, senadores del PRO presentaron un proyecto de ley para eliminar esta obligatoriedad. El argumento es que no ha logrado cumplir con su objetivo y que representa una carga económica para los ciudadanos.
Propuesta del PRO para derogar la VTV
El proyecto, encabezado por la senadora bonaerense Aldana Ahumada y apoyado por Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, propone derogar la actual VTV obligatoria en la provincia. Según el texto presentado, la VTV, que en octubre de 2024 superó los $44.000 para vehículos livianos, es vista como una medida ineficaz que no ha logrado reducir significativamente los accidentes de tránsito.
“La VTV no ha logrado reducir los siniestros viales y, además, representa una carga desproporcionada para los ciudadanos”, afirma el proyecto. La iniciativa también critica la falta de diferenciación entre los vehículos nuevos y aquellos más antiguos, lo que lleva a que todos los propietarios estén obligados a realizar el trámite, independientemente del estado de sus automóviles.
Integración con la Ley Nacional de Tránsito
El proyecto propone que se adopten los criterios establecidos en los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. De este modo, se buscaría unificar las normativas de control vehicular en todo el país. Eliminando asi, lo que el PRO considera un sistema obsoleto y burocrático en la provincia.
La senadora Ahumada subrayó que los desperfectos mecánicos representan menos del 1% de las causas de accidentes en Argentina, mientras que factores humanos como el exceso de velocidad, la imprudencia y el consumo de alcohol son los principales responsables de los siniestros viales. Por lo tanto, sugirió avanzar hacia una mayor educación vial en las escuelas, como una medida más efectiva para mejorar la seguridad en las rutas.
Impacto económico en sectores productivos
Otro punto relevante del proyecto es el impacto que la obligatoriedad de la VTV tiene sobre sectores clave como el transporte y las pequeñas empresas. Ahumada destacó que el aumento en los costos de verificación ha repercutido en los costos operativos de estos sectores. Afectando así, su competitividad y contribuyendo al aumento de los precios de bienes y servicios en la provincia.
Entre los argumentos presentados, se señala que el mantenimiento de la infraestructura vial es un factor fundamental que no puede ser ignorado. “Sin una inversión adecuada en la reparación y mantenimiento de las rutas, cualquier esfuerzo en controlar los vehículos será insuficiente”, afirmó la senadora, resaltando la necesidad de priorizar las mejoras en las carreteras para reducir de forma efectiva los siniestros viales.
Críticas a la uniformidad del sistema de verificación
Una de las principales críticas del proyecto se centra en la uniformidad del sistema de verificación, que aplica las mismas exigencias a todos los vehículos, sin tener en cuenta su estado real de mantenimiento. Según Ahumada, esta falta de diferenciación obliga a muchos propietarios de vehículos que están en buenas condiciones a cumplir con un trámite innecesario. Esto genera malestar entre los usuarios y dudas sobre la eficiencia del sistema actual.
Este planteo se basa en la percepción de que el régimen de verificación no refleja las verdaderas causas de los accidentes, y que su aplicación uniforme genera un costo extra sin un beneficio tangible en términos de seguridad.
Futuro de la VTV en la provincia de Buenos Aires
El debate en torno a la VTV está lejos de resolverse, pero este proyecto busca marcar un camino hacia un cambio en la regulación actual. La propuesta de derogación plantea un replanteo del control estatal sobre los vehículos, que estaría más alineado con las normativas nacionales. A su vez, daría un enfoque integral de seguridad vial que contemple tanto los factores humanos como las condiciones de la infraestructura.
