Unas 40 organizaciones ambientalistas del país presentaron una carta al gobierno, pidiendo que se derogue una ley que prohíbe proteger la naturaleza.
Santa Cruz es una de las provincias que menos porcentaje de territorio protegido tiene, un 70% de sus tierras están destinadas a la explotación minera, y menos de 8% de sus paisajes están protegidos.
En el texto que presentaron los ambientalistas, además de pedir que se derogue la ley, también exigen que se declare la emergencia climática y ecológica en Santa Cruz.
Solo Trump y Bolsonaro atropellaron las áreas protegidas. No queremos que Argentina se inscriba en el rumbo de esta clase de liderazgos fatídicos” informó el movimiento ambientalista XR Patagonia Austral.
A su vez, agregaron que, “el INTA estimó que el 77% del suelo de la provincia se encuentra en estado de desertificación grave o muy grave y según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, Santa Cruz sufrió la degradación del 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años”.
También, los ambientalistas alertaron que la situación es más delicada aún con la gestión de las áreas protegidas de Santa Cruz a cargo del Consejo Agrario Provincial. “Irónicamente, el sector privado al frente de una industria extra activista está a cargo de cuidar la salud ecológica de la vida silvestre y de las tierras públicas de todos los santacruceños”.
“Lejos de ser idóneo para el puesto, su director Javier de Urquiza vela por los intereses de una actividad que ha dejado a la Patagonia simplemente desierta.”
¿Qué dijeron los funcionarios?
El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, desde sus redes sociales expresó: “Son estupideces. Es la provincia que más áreas protegidas tiene del país”.
Los ambientalistas sostienen que, si bien la información que presenta Cabandié es real, Santa Cruz tiene muchas áreas protegidas pero de pequeño tamaño.
Desde la página web del Ministerio de Ambiente de la Nación se ratifica este dato: Santa Cruz es una de las provincias con menor superficie protegida del país, menos del 8%.
El justificativo principal de los legisladores que llevaron adelante la ley de “Emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales” (Ley N°3692), es la “defensa” de la autonomía santacruceña frente al avance inconsulto del Estado Nacional respecto a la creación de áreas protegidas.
Pero, los movimientos ambientalistas aseguran que esta ley solo deja avanzar el desarrollo de actividades productivas extra activistas, en su mayoría manejada por corporaciones de capitales extranjeros, los cuales han generado, una preocupante degradación ambiental que afecta a los paisajes de esta provincia.
Un llamado de atención
En diciembre del año pasado, las principales ONG ambientalistas a nivel nacional alertaron sobre la situación: “Las áreas protegidas son vitales para evitar nuevas pandemias y preservar la salud humana y la de los ecosistemas“.
“También, son una fuente productiva a través del turismo de paisajes que emerge como un motor de reactivación económica a nivel mundial”.
Con este motivo, importantes organizaciones y movimientos ambientalistas de todo el país le piden al Gobierno de Santa Cruz, la derogación de la ley.
“Los incendios en Argentina y en toda Sudamérica; y la degradación ambiental general que atraviesa el mundo hablan de la necesidad de leyes que protejan la naturaleza, y que sean respetadas”.
“Es insólito tener una ley en Santa Cruz que, en este contexto, prohíba proteger nuestra tierra. Es el Reino del Revés. ¿Qué Patagonia le vamos a dejar a las futuras generaciones?” enfatizaron.
