La Justicia dictó la prisión preventiva para los nueve efectivos policiales que fueron detenidos, acusados del asesinato de Alejandro Nicolás Martínez, ocurrido el 18 de noviembre en una comisaría de San Clemente del Tuyú.
Según la resolución del juez de Garantías N°4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola, a la que tuvo acceso la agencia de noticias Télam, los policías José Pereyra, de 34 años; Christian Rohr, de 30, y Maximiliano Munche, de 47, fueron imputados como coautores de “homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”.
Como partícipes secundarios fueron imputados Laura Chiarullo, de 35 años; Evelyn Garófalo, de 27; Jaqueline Mansilla, de 30; Carla Cantarella, de 29; Sandro Mujica, de 34, y Miguel Boulos, de 53.
El magistrado dispuso esta medida tras el pedido presentado días atrás en ese sentido por el fiscal, quien consideró que los cinco hombres y las cuatro mujeres detenidos por el hecho “planificaron dar muerte” de Martínez, quien había sido detenido horas antes, “asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”.
El requerimiento fiscal se presentó a partir de las medidas de prueba incorporadas a la causa, especialmente las autopsias realizadas al cuerpo de Martínez, que indicaron que el hombre falleció como consecuencia de una “asfixia mecánica” y también que sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.
Desde el inicio de la instrucción, ocho de los policías brindaron declaración indagatoria y en todos los casos rechazaron las acusaciones, mientras que el único que prefirió no declarar fue Pereyra.
El juez dispuso en su fallo la morigeración de la prisión preventiva en el caso Cantarella, quien podrá cumplirla de manera domiciliaria, bajo la modalidad de control de monitoreo electrónico.
La muerte de Martínez se produjo en la madrugada del jueves 18 de noviembre, luego de que el hombre fuera detenido por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente, donde se hospedaba.
A partir de la intervención inicial del fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 descentralizada del Partido de la Costa, se practicó la autopsia del cadáver, que reveló que había fallecido a causa de una “asfixia mecánica” y que, además, había sufrido golpes y lesiones.
A raíz de las pruebas recolectadas, dos días más tarde fueron detenidos los policías, que desde entonces se encuentran alojados en distintas dependencias penitenciarias provinciales.
Tras estas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los efectivos cuestionaron los resultados de la autopsia, por lo que se dispuso una nueva.
Pero la segunda necropsia, realizada nuevamente en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, confirmó los resultados de la primera e, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.
