Recientemente, el presidente Javier Milei vetó una ley que buscaba realizar importantes cambios en el sistema de movilidad jubilatoria en Argentina, una decisión que ha generado una gran polémica tanto en el ámbito político como en la sociedad. El veto fue ratificado por la Cámara de Diputados, lo que implica que la reforma no entrará en vigencia y el actual esquema de actualización de haberes previsionales se mantendrá. Sin embargo, ¿qué significa exactamente este veto y qué proponía la reforma jubilatoria vetada?
¿Qué proponía la reforma jubilatoria vetada?
La reforma jubilatoria que fue aprobada en el Congreso, pero luego vetada por el presidente, proponía modificaciones significativas en la manera en que se ajustan los haberes de los jubilados. Estos son algunos de los puntos principales que planteaba:
- Actualización de haberes según la inflación: La ley proponía un esquema de aumentos de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, los haberes se ajustarían mensualmente según la inflación, algo que ya había decretado Milei en marzo de 2024.
- Aumento adicional del 8,1%: La novedad de la ley era la incorporación de un incremento adicional del 8,1% a los haberes jubilatorios correspondientes a abril, con el objetivo de compensar la inflación de enero, que había sido del 20,6%. Este aumento se sumaba al 12,5% otorgado previamente por el Gobierno.
- Haber mínimo vinculado a la canasta básica: Otro punto clave de la reforma era que el haber mínimo no podía estar por debajo del valor de 1,09 canastas básicas de un adulto mayor, tomando como referencia los datos del INDEC. Esto equivalía a un monto de aproximadamente $331.545, una mejora frente al haber mínimo de septiembre de $234.540.
- Ajustes basados en salarios: Además, la ley proponía que, si en algún momento el índice de inflación quedaba por debajo del aumento de salarios (medido por el RIPTE), los jubilados recibirían un ajuste semestral basado en el 50% de esa diferencia.
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¿Por qué se vetó la reforma jubilatoria?
El veto presidencial se fundamentó en razones fiscales. El Gobierno argumentó que aplicar la reforma afectaría la estabilidad económica del país. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la reforma significaba un gasto extra del 0,45% del PBI anual. Sin embargo, desde la Presidencia se estimó que la implementación de esta ley representaría un gasto de 1,2% del PBI, lo que obligaría al Estado a endeudarse.
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Milei justificó el veto asegurando que la ley pondría en peligro el equilibrio fiscal y generaría una carga de deuda para las futuras generaciones de argentinos.
¿Qué significa el veto a la reforma jubilatoria?
El veto significa que no se implementarán las mejoras adicionales propuestas por la reforma. En lugar de eso, seguirá en vigencia el sistema de actualización mensual por inflación, tal como lo estableció el Decreto 274/2024. Esto implica que no habrá un aumento extra del 8,1%, y los jubilados seguirán recibiendo aumentos basados únicamente en el IPC.
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Actualmente, el haber mínimo de los jubilados se sitúa en $234.540, con un bono de $70.000 que lleva el total a $304.540. Aunque en octubre se espera un nuevo aumento del 4,2% por la inflación de agosto, los haberes seguirán estando por debajo de lo que proponía la ley vetada.
