La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña, en un fallo donde se advirtió que con esta maniobra se “dejó en estado de indefensión al Ejército Argentino“.
Los jueces ordenaron averiguar si esta medida respondió a una orden de las máximas autoridades de Defensa y de la Procuración General de la Nación.
Un inmenso predio
Se trata de un terreno ubicado en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues. Este predio pertenece desde 1937 al Ejército Nacional, sin embargo, las familias de Millalonco Ranquehue aseguran que habitaban este territorio desde fines de siglo XIX, antes de que se instalen las tropas militares en el lugar.
Este predio fue reconocido como territorio de los Ranquehue por el Estado Nacional mediante una resolución del 2012, pero estas tierras están en manos de la Escuela Militar de Montaña desde 1964 y se usan para adiestrar tropas.
La causa
En Bariloche, el proceso comenzó a fines del 2020, cuando se sostuvo que “la pertenencia de la Comunidad Millalonco Ranquehue al pueblo mapuche se encuentra sobradamente comprobada en múltiples informes e instrumentos obrantes en la carpeta técnica ley 26.160”.
La jueza federal de Bariloche ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que transfiera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el dominio de estas tierras a los mapuches.
Este es el fallo que tardó en apelarse y, por ese motivo, se abrió una causa en Comodoro Py, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, que busca esclarecer la responsabilidad de los que habrían participado para que esta decisión quedara firme.
Revisión y acusación
El juez federal Daniel Rafecas entendió primero que aquí no hubo delito y sobreseyó a los denunciados. Esto es lo que revisaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
En un fallo firmado hoy, los jueces resolvieron el procesamiento de la abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; de Nicolás Rodríguez Vaccarezza, integrante del cuerpo de abogados del Ministerio de Defensa; de Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa; y de Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.
La Cámara Federal porteña denunció: “Se aprecia una maniobra -en principio- concretada por funcionarios públicos del Ministerio de Defensa de la Nación, que dejó en estado de indefensión al Ejército Argentino en el expediente N° 8355/2020 del Juzgado Federal de la localidad de San Carlos de Bariloche, quien resultó ser el directo perjudicado en la acción de amparo”.
Y remarcaron: “Hablamos concretamente de una transmisión del derecho de propiedad, vía esta acción excepcional, que sólo resulta admisible ante la existencia de graves amenazas y exigentes requisitos que debería analizarse si resultaron verificables y justificados”.
Por estos motivos, la Cámara Federal procesó a los funcionarios: “Lo expuesto hasta aquí permite sostener la responsabilidad de Gasparini, Havela, Rodríguez Vaccarezza y Vázquez en los hechos. Estos infringieron los deberes que estaban a su cargo en razón de la condición de funcionarios públicos que detentaban en ese momento y de la especial situación funcional que los unía como representantes del bien comprendido en el litigio. No olvidemos que, en los delitos especiales, los autores están obligados como garantes a la tutela institucionalmente asegurada de un bien”.
