En las últimas horas, La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó por unanimidad el procesamiento de Cristina Kirchner, por haber usado aviones de la flota presidencial para trasladar muebles a sus hoteles en El Calafate cuando era presidente.
La vicepresidente había sido acusada de usar la flota presidencial para llevar muebles y diarios a sus hoteles, pero los jueces solo mantuvieron el procesamiento por los muebles.
En ese sentido, el camarista Mariano Llorens, planteó en minoría que la Vicepresidente debe ser detenida y sometida a juicio político. También pidió que todas las causas penales se miren desde “una perspectiva integral y conjunta que pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015”.
Sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en tanto, no tuvieron el mismo criterio y solo confirmaron el procesamiento de CFK y el embargo. En la resolución remarcaron que “utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública”.
La decisión de los jueces se dio luego de que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, les pidiera que vuelvan a pronunciarse. Es que el abogado de la vice, Carlos Beraldi, había rechazado la confirmación del procesamiento con un tecnicismo. Consideraba que la Cámara de Apelaciones omitió tratar su reclamo de nulidad de la investigación y que no fue tratada.
¿Qué dice la resolución que confirma el procesamiento de Cristina Kirchner?
La resolución indica que “tanto ella, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”.
La vicepresidenta, cuando ejercía como jefe de Estado, “utilizó el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar muebles, ropa de blanco y otro tipo de enseres, que no tenían una utilidad relacionada con la función pública que desempeñaba”.
En ese marco, Llorens consideró la conducta de Cristina Kirchner como constitutiva de “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación, que debe ser prevenida, erradicada y sancionada”.
Cristina Kirchner quedó acusada como partícipe necesaria del delito peculado (es decir usar bienes del Estado para beneficio personal), al trasladar muebles al sur, de “el T- 01, 02, 03, a partir de 2012 T- 04, y el T-10 de la Fuerza Aérea Argentina”. Se comprobó que de 2003 a 2015 ese movimiento de aviones oficiales, habría costado unos 600.000 dólares al Estado.
