El 30 de octubre de 1983, el candidato radical Raúl Alfonsin, triunfó en las elecciones presidenciales derrotando al justicialismo con el 52 % de los votos, sobre la fórmula encabezada por Ítalo Luder.
Claro que, antes de asumir la presidencia, Alfonsín ya sabía que no iba a ser fácil establecer buena relación con los gremios.
A pocos días de asumir en el gobierno, Alfonsín envió al Congreso la “Ley Mucci”, un proyecto de reordenamiento sindical en el que su objetivo era dividir a la CGT en múltiples sindicatos.
Si bien se encontraba separada en dos desde 1979, su denuncia de campaña sobre “un pacto sindical-militar” había incomodado al sector. En febrero de 1984, ambas CGT volvieron a unirse y comenzaron a realizar diferentes reclamos en favor de aumentos de sueldo y en contra de los despidos.
“Si Alfonsín no le da al pueblo lo que legítimamente le corresponde, los trabajadores saldremos a la calle y paralizaremos el país cuantas veces sean necesarias”, aseguró Saúl Ubaldini, líder de la CGT, luego de que el entonces presidente afirmara que no habría huelgas sindicales en la Argentina.
Fue así que el 3 de agosto de 1984 se llevó a cabo la primera gran huelga general contra Alfonsín. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se paralizaron. Esta medida se repitió doce veces más y tuvo 4 mil réplicas sectoriales tanto en el ambiente público como en el privado.
Los sindicalistas exigían, a través de huelgas, hasta que se llegara a un acuerdo sobre el salario mínimo. La CGT difundió un documento donde insistían en la urgencia de realizar una consulta que “a modo de referéndum nacional que diga NO a la Patria Financiera”.
La contestación de Alfonsín intentó calmar los ánimos. El 31 de agosto de 1984 anunció la puesta en marcha de un “plan antiinflacionario de corto plazo”. Luego de unos años los movimientos subsiguientes le dieron lugar al Movimiento de Renovación Sindical Peronista que derrotó a Alfonsín en las elecciones de 1987.
