La Municipalidad de Ayacucho enfrenta un duro revés judicial que la obliga a desembolsar 200 millones de pesos tras perder un litigio relacionado con 111 hectáreas en la localidad de Udaquiola, un pequeño pueblo de menos de 100 habitantes.
La sentencia favorece al propietario original del campo, quien inició el juicio luego de décadas de usufructuar las tierras expropiadas por el Estado en 1959 con el objetivo, nunca concretado, de ampliar el centro urbano.
El intendente Emilio Cordonnier confirmó que la justicia ratificó la titularidad de las tierras a favor de la familia que las ocupó durante más de 20 años, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Usucapión. Según explicó, la Provincia de Buenos Aires expropió el terreno en 1959 y lo transfirió al municipio en 1988, pero ninguna de las administraciones avanzó en la posesión efectiva de las tierras, informó el medio local Urgente Ayacucho
Un juicio marcado por la desidia estatal
El fallo señala que el propietario demostró un uso continuo de las tierras entre 1980 y 2000, acreditando así su derecho sobre el terreno. “La justicia determinó que nunca hubo ocupación efectiva por parte del Estado, lo que permitió al ocupante consolidar su titularidad”, detalló Cordonnier.
La historia de este conflicto se remonta a la ley 6.200, sancionada durante el gobierno de Oscar Alende, que declaraba de utilidad pública dos fracciones de campo ubicadas cerca de la estación ferroviaria Udaquiola. El proyecto buscaba crear un centro urbano en la zona, pero dificultades administrativas y falta de seguimiento por parte de los gobiernos dejaron el plan en el olvido.
Impacto económico para el municipio
El intendente lamentó el golpe que esto representa para las finanzas municipales. “Los 200 millones de pesos que debemos pagar podrían haberse destinado a pavimentación o infraestructura urbana. Es un monto significativo que impactará en nuestra planificación”, expresó.
A pesar del panorama adverso, Cordonnier aseguró que ya se destinó una partida presupuestaria específica para cubrir el pago y que ahora se aguarda la resolución de los honorarios legales. Sin embargo, este fallo reabre el debate sobre la responsabilidad estatal en el manejo de tierras expropiadas y los costos que estas omisiones generan para las arcas públicas.
El caso de Udaquiola, más allá de su desenlace judicial, refleja las consecuencias de la falta de acción en políticas públicas y el precio que las comunidades locales terminan pagando por decisiones tomadas décadas atrás.
