En las últimas horas, se ha desatado una controversia en la ciudad bonaerense de Lezama debido a la cesión de un lote de terreno por parte del municipio, encabezado por el agrimensor Arnaldo Harispe, para la instalación de una planta de fabricación de productos plásticos con residuos reciclados. El terreno en cuestión se encuentra junto a la Unidad de Pronta Atención (UPA) Trauma de Lezama, generando preocupación entre diversos sectores de la comunidad.
La cesión fue aprobada en el Concejo Deliberante local con los votos del oficialismo, mientras que los concejales del Justicialismo y del PRO votaron en contra. La votación quedó empatada, pero la presidenta del cuerpo deliberativo, Miriam Mongay, utilizó su voto doble para desempatar y aprobar la iniciativa del ejecutivo.
Oposición y preocupaciones por el impacto en la UPA Trauma
Desde la oposición, se argumenta que la ubicación de la planta junto al centro de salud podría comprometer las actividades de la UPA, que hace pocas semanas habilitó su quirófano y comenzó a realizar intervenciones quirúrgicas para los vecinos de Lezama y otras localidades cercanas. A su vez, señalaron que la cesión del terreno se realizó sin contar con un estudio de impacto ambiental, a pesar de las advertencias de las autoridades provinciales de salud, que han expresado su preocupación por la afectación que ello podría provocar en el funcionamiento del helipuerto de la UPA, vital para la derivación de pacientes críticos.
Si bien la oposición no se opone a la instalación de una planta de reciclaje que podría generar fuentes de trabajo, consideran que el terreno seleccionado no es el adecuado debido a su proximidad a un centro de salud en expansión que atiende tanto la accidentología de la Ruta 2 como las necesidades de la comunidad.
Riesgo para el helipuerto y los servicios de emergencias
Uno de los principales temores es que la construcción de la planta afecte el uso del helipuerto, lo que podría llevar a su clausura por parte de las autoridades provinciales. Esto dejaría a la localidad sin un recurso esencial para la derivación aérea de pacientes en estado crítico, que requieren atención en centros de mayor complejidad.
La UPA Trauma de Lezama, inaugurada en marzo de 2014 por el entonces gobernador Daniel Scioli y el exintendente Marcelo Racciatti, ha jugado un papel clave en la atención de accidentes automovilísticos ocurridos en la Ruta 2 y en sus alrededores. La unidad cuenta con un quirófano, terapia intensiva, tomógrafo y laboratorio, convirtiéndose en un centro de referencia para emergencias en la región.
Tensiones entre el municipio y la oposición
Desde el Justicialismo local afirman que el intendente Harispe “ha firmado el certificado de defunción de la UPA Trauma” por esta “decisión unilateral, inconsulta, arbitraria y sin ningún sentido, solo dañar a una institución de salud que nunca tuvo una sola gestión de este Intendente para su crecimiento“. afirmaron en un comunicado publicado en las redes sociales.
Sin embargo, desde el municipio aseguran que existe una colaboración constante con la UPA, proveyendo alimentos, servicios de mantenimiento en general y alojamiento para los pilotos del helicóptero sanitario cuando hace base en el lugar, además de tareas coordinadas y complementadas junto a la Secretaría de Salud del Municipio
A pesar de estas explicaciones, la polémica continúa creciendo.
No se descarta que en los próximos días se presente una medida cautelar ante la Justicia de la ciudad de Dolores, solicitando una medida de no innovar, además que se realicen estudios de impacto ambiental, sin perjuicio de manifestaciones que podrían efectuarse durante el próximo fin de semana largo en la Autovía 2, cerca de la UPA Trauma, ubicada en el kilómetro 158 de la ruta.
Un futuro incierto
La cesión del terreno y la posible instalación de la planta de reciclado ha generado una fractura en la comunidad de Lezama.
Por un lado, el proyecto promete la creación de empleos, pero por otro, el riesgo de afectar el funcionamiento del centro de salud ha levantado serias objeciones. Con la posibilidad de medidas judiciales y protestas vecinales, el futuro de este emprendimiento aún es incierto.
Todo apunta a que en los próximos días se definirán las acciones que marcarán el curso de esta polémica, mientras la comunidad espera una solución que logre equilibrar desarrollo económico y protección de los servicios de salud esenciales.