Luego de ocho meses sin poder ingresar al distrito de Pinamar por restricciones de la cuarentena, la titular de una casa en Cariló no solo se encontró con intrusos en el interior, sino que también la pintaron de otro color, construyeron una cascada y entre los vehículos que tenían se pudo constatar que al menos uno tenía chapa patente y numeraciones de motor adulterados.
“Delincuentes al cuadrado”, los calificó el intendente local, Martín Yeza, al difundir este caso que tiene origen en enero pasado, cuando los titulares del inmueble ya habían advertido que había gente en el interior. Hicieron la denuncia penal, pero el fiscal la archivó. “Los vecinos y los ciudadanos de la República Argentina no se merecen estos funcionarios públicos”, resaltó la máxima autoridad del distrito.
La propiedad se encuentra en Leñatero 565 del exclusivo balneario de Cariló y quien acredita ser su titular es Adriana Villena, oriunda de Bella Vista, partido de San Miguel y presidenta de la sociedad anónima que había comprado esa vivienda de espacios cómodos y un parque que se mezcla con los límites del Cariló Golf Club.
“El 5 de enero llegamos, estaba esta gente adentro y para justificarse presentó un contrato de locación muy trucho, por 24 meses y 13.000 pesos por mes”, dijo Villena en declaraciones a la prensa, acompañada por su apoderado, Gustavo Durán. Cuando en marzo se habían ido, la fachada era color crudo. Ayer la encontraron en tonos cercanos al bordó y con desconocidos disfrutando de la pileta, entre risas.
En el caso había tomado intervención el fiscal Eduardo Elizarraga, al que Yeza denunció algunos meses atrás por entender que no acompañaba con su gestión y con hechos la tarea que desde el municipio se hace para evitar la usurpación de propiedades en el distrito, tanto lotes como casas.
En sus manos tiene desde ayer la ampliación de la denuncia de usurpación de la casa y también la investigación por uno de varios autos de lujo que estaban estacionados en la puerta. Durán investigó esas patentes y pudo determinar que la titular de uno de esos vehículos estaba en Capital Federal. “En un minuto y medio pudimos ubicar y hablar con la dueña del auto al que le duplicaron las patentes”, contó el Secretario de Seguridad municipal, Lucas Ventoso.
Se trata de una camioneta Jeep modelo 2018. Personal policial secuestró el rodado con aval del fiscal Elizarraga. A primera vista surge que, además, tendría modificada la numeración del motor, lo que se corroboraría mediante peritaje.
“Es insólito lo que estamos pasando, un calvario”, insiste Villena, que sigue en Cariló a la espera que desde la Justicia se den los pasos necesarios para desalojar a los intrusos y les restituyan el inmueble que compró hace dos años y medio. La última vez que lo había utilizado fue en marzo del año pasado.
Destaca el acompañamiento del municipio en esta gestión e insiste en cuestionar el desempeño de la Justicia, que archivó la denuncia penal original. “Tenemos todos los papeles, está todo en regla, solo nos tienen que devolver nuestra casa”, remarca.
Cuando constataron la ocupación de su propiedad, en enero, se cruzaron con quienes habrían argumentado ser legítimos ocupantes mediante la presentación de un contrato. “Dos personas grandes”, recuerda Villena. En ese momento se dispuso consigna policial en la puerta de la vivienda, pero quienes serían los usurpadores quedaron dentro, situación que hasta hoy no se ha modificado.
Desde entonces cada intento que tuvieron de hablar con ellos resultó imposible. “Siempre nos atiende alguien de limpieza o mantenimiento”, dice Durán. Ayer fue una empleada que incluso le aseguró que era titular de uno de los autos estacionado en la puerta. “Cuando se le pidió la identificación de su vehículo trajo una tarjeta verde de otro, una camioneta Amarok cero kilómetro”, recordó.
Elizarraga tiene ahora en su poder los datos de la titular de la camioneta Jeep clonada y copia de la documentación del inmueble a nombre de Villena. Ahora debe avanzar con la investigación y, entre otras medidas, determinar si cita a los sospechosos y avanza hacia un posible desalojo.
Yeza insiste en señalarlo como un obstáculo en los casos en los que advirtieron situaciones de usurpación en el distrito. A mediados de este año llegaron a la instancia de desalojo en una casa, también en Cariló. Entre los ocupantes había un delincuente prófugo, condenado por el homicidio del contador Adolfo Herro, cometido en este balneario hace 15 años.
Con este y otros casos como fundamentos, en septiembre, el intendente de Pinamar denunció al actual titular de la Fiscalía Descentralizada N°5 ante el Consejo de la Magistratura, donde pidió que sea destituido por irregularidades en su desempeño.
