Varios países de Latinoamérica tales como Venezuela, El Salvador, Paraguay han sido víctimas del gobierno de turno. Revirtieron la situación luego de la pandemia, y lejos de darle una mejora a sus ciudadanos, aprovecharon la cuarentena para tenerlos bajo represión.
Según denuncia la Amnistía Internacional, estos países han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionadas por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de Derechos Humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias.
En su informe, la ONG ha documentado cómo en estos tres países las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua, ni asistencia médica suficiente.
¿Qué pasó en cada caso?
Según los datos oficiales, en Venezuela (hasta el mes de agosto), habían sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú, por lo tanto, procedieron a enviar a “centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos”.
En El Salvador, para la misma fecha, el Gobierno del presidente Nayib Bukele tenía a más de 16.000 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19.
Por su parte, en Paraguay, las autoridades también impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia.
¿Cómo se debería proceder?
Amnistía sostiene que las autoridades sólo deben poner a la población bajo custodia del Estado cuando hayan fracasado otras medidas menos invasivas, como la cuarentena voluntaria y las campañas de educación.
“En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de Derechos Humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen”, han precisado.
Es así que, la ONG considera, que la cuarentena pasó a ser un castigo y que las autoridades son plenamente conscientes de que los centros carecen de las medidas adecuadas para prevenir contagios.
No obstante, Amnistía sostiene que el “ejemplo más inquietante de campañas de estigmatización y discriminación auspiciadas por el Estado” son las del régimen de Nicolás Maduro. En este caso, quienes han regresado al país fueron obligados a recluirse en instalaciones destinadas a la cuarentena, mientras altos cargos del régimen chavista afirmaban que las que volvían de Colombia eran “armas biológicas” enviadas para infectar a la población venezolana.
Por otra parte, las autoridades deben evitar las detenciones indefinidas y garantizar que los periodos de aislamiento y cuarentena se limiten al mínimo necesario, y ofrecer información clara sobre la duración y el proceso de detención.
En cambio, concluye la ONG, “los enfoques basados en los Derechos Humanos, que empoderan a la gente con los conocimientos que necesita para proteger su salud y la dotan de los recursos y el apoyo que necesita para cumplir medidas voluntarias, históricamente han demostrado ser más efectivos”.