Un año atrás, la habitual tranquilidad pueblerina de San Miguel del Monte se veía sacudida por un “choque”, de acuerdo a la versión oficial, en el que murieron un joven que conducía un Fiat 147, tres adolescentes que lo acompañaban, mientras una chica lograba sobrevivir, al impactar contra un camión que se encontraba estacionado en inmediaciones de la ruta 3.
A pesar de ciertos “esfuerzos” de las autoridades, en pocas horas, quedó al descubierto que las víctimas habían sido perseguidas por patrulleros, desde donde les dispararon y forzaron a que se produjera esa colisión. Y ya un par de días más tarde ante las denuncias de los padres de los fallecidos, este episodio de violencia institucional logró tomar visibilidad, señalando la responsabilidad del personal policial y la posterior trama de encubrimiento, que incluyó a funcionarios municipales.
Frente a las primeras evidencias, el hecho quedó instalado como la Masacre de Monte y hoy, con once imputados en una causa que espera por su juicio cuando la pandemia del coronavirus lo permita, surgen hipótesis sobre el origen de lo ocurrido en esa madrugada del 20 de mayo de 2019. Siempre se supo que Aníbal Suárez, de 22 años y nacido en Misiones, paseaba por la zona costanera de la laguna, cuando se encontró con el grupo de amigos y compañeros de la escuela, Camila López, Rocío Quagliarello, Gonzalo Domínguez y Danilo Sansone (de entre 13 y 14 años), a los que invitó a dar una vuelta en el auto. A los uniformados les resultó sospechoso ver a cinco ocupantes arriba de un vehículo, que dieron la voz de alto y como no fue acatada, se inició la persecución, los balazos del gatillo fácil y los cuatro asesinatos.
Ahora, si bien la investigación está casi cerrada estableciendo que el accionar policial resultó criminal, tanto en sus ejecutores, como en los que pretendieron implementar un escenario de un trágico accidente con la anuencia de los encargados de seguridad de la comuna, muchos de los “secretos a voces” que han circulado durante este año en un Monte que “ha cambiado para siempre”, podrían volcarse en el futuro debate oral y público.
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“Los chicos vieron algo que no debían ver y por eso, los siguieron hasta matarlos”, se comenta, en relación a que algunos de esos efectivos involucrados en el caso habrían sido sorprendidos en situaciones irregulares/delictivas y por eso, pretendieron “amedrentar a esos testigos inesperados y terminaron acallando sus voces”.
La cuarentena no permitirá que los cientos de vecinos y organizaciones sociales que han acompañado los pedidos de Justicia por los Pibes puedan concretar hoy una marcha por las calles, pero, de manera simbólica, se izará una bandera con las fotos de Camila, Danilo, Gonzalo y Aníbal en el mástil de la plaza principal de Monte, entre otras actividades virtuales, mediante las redes sociales. Rocío, la chica que le ganó a la violencia irracional y se recuperó luego de estar casi un mes al borde de la muerte en un hospital de Florencio Varela, seguirá refugiada en el recuerdo de sus amigos, con más secuelas psicológicas, que físicas, en medio de la contención de su familia.
El expediente que estuvo a cargo del fiscal Lisandro Damonte avanzó de manera eficiente, reuniendo evidencias contundentes sobre el accionar policial, como el del empleado municipal que estaba de turno en el centro de monitoreo y aportó la filmación de la persecución, entre otras pruebas.
Mientras la causa contra los uniformados que actuaron de manera directa y de sus jefes que lo hicieron indirectamente pretendiendo alterar lo sucedido con métodos irregulares, pudo prosperar con procesamientos con prisión preventiva, hay otra paralela, en la que se apunta contra las responsabilidades políticas, fundamentalmente de la intendenta Sandra Mayol (por entonces enrolada en el Frente Renovador y que fracasó en su intento de ser reelegida por el Frente de Todos en las elecciones de 2019), sin descartar a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
Rubén Alberto García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez son los nombres de los policías que iban en los patrulleros y quedaron acusados por los “homicidios agravados”, quienes presos aguardan por la realización del juicio, que estaba previsto para este año antes de la irrupción del Covid-19. En tanto, el subcomisario Franco Micucci y los oficiales José Manuel Durán, José Alfredo Domínguez, Nadia Genaro y Melina Blanco (las dos mujeres resultaron excarceladas) se encuentran imputados por “falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridades y violación de los deberes de funcionario público”.
Y solo por el delito de “encubrimiento agravado”, tanto el teniente Héctor Enrique Angel, como el ex comisario y secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez (este último, recientemente beneficiado con arresto domiciliario ante la pandemia). Otros dos efectivos fueron investigados, Cristian Riguero y Juan Manuel Gutiérrez, aunque se les dictó la falta de mérito.
