Actuaron mal de principio a fin. Desde el origen de la persecución a los tiros, el final con cuatro chicos muertos y uno herido, y el encubrimiento que vino después. Lo que ocurrió en la madrugada del 20 de mayo en San Miguel del Monte fue una “masacre de niños indefensos”, en palabras de la Justicia. Por el caso fueron procesados 10 policías y un funcionario municipal. Dos agentes quedaron en libertad.
Tan mal actuó la Policía que los acusados todavía no pudieron explicar por qué empezaron a seguir al Fiat 147 Spazio de Aníbal Suárez (22) en el que también viajaban Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13), Camila López (13) y Rocío Quagliarello (13). Esta última es la única sobreviviente.
El fallo que confirma las acusaciones contra los oficiales describe la cadena de irregularidades en las que se vieron involucrados los agentes y el subsecretario de Seguridad de Monte en la masacre.
En el pedido de prisión preventiva para los 13 acusados, el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte dijo que “por razones que aún no han sido debidamente acreditadas y de manera injustificada” al menos tres patrulleros de la Comisaría de Monte “sin sospecha u objeto razonable” comenzaron a seguir e intentaron interceptar al Fiat 147 de Aníbal, que circulaba por la zona de la costanera de la laguna. Dos de esos patrulleros, en los que iban el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez comenzaron una persecución.
En ese trayecto, “en claro abuso de sus funciones, en razón de no existir motivo fundado que ameritara el temperamento, al menos desde dos de las unidades (…) con el representado e indiferente propósito de producir su muerte (…) efectuaron varios disparos hacia el vehículo y sus ocupantes”, agrega el fiscal. Según las pericias, los disparos salieron de las armas de García y Monreal.
Para la investigación, los tiros provocaron “la dificultad e imposibilidad en el control” de Aníbal sobre el Fiat y desencadenaron el choque contra un acoplado de un camión estacionado en la colectora de Ruta 3 y Rojas. Camila, Danilo, Gonzalo y Aníbal murieron en el acto.
Lo que pasó después fue igual de oscuro. Distintos testigos señalaron que el subcomisario Julio Franco Micucci apareció en la escena del crimen, vestido de civil, y ordenó a los bomberos retirar a las víctimas del lugar, incluso a las que ya se encontraban sin vida. Pero después, en el libro de guardia de la comisaría de Monte, intentaron decir que Micucci no se encontraba en servicio en el momento de la masacre.
Aunque su sello apareció más tarde en la mayoría de las fojas del sumario, sin rúbrica, “denotando ello indicios graves de su presunta participación en la falsificación y en consecuencia en el encubrimiento del grave homicidio perpetrado por sus subalternos”, señaló el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi, que firmó el fallo.
Micucci quedó procesado por “falsedad ideológica, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario”, al igual que José Alfredo Domínguez, Melina Noelia Bianco, Nadia Alejandra Genaro y José Manuel Durán.
A Durán, integrante del gabinete de investigaciones de la Estación Policial de Monte, lo acusan de no querer tomarle la declaración a dos testigos que habían hablado de los disparos, de haberle dicho a la oficial Bianco lo que tenía que decir sobre lo que ocurrió esa madrugada y de falsificar actas.
Una de las irregularidades en los documentos fue el cambio de número de móvil de uno de los patrulleros que participó en la persecución, por el de otro que no estaba en ese momento en Monte.
Bianco es la oficial que se presentó por su cuenta ante el fiscal Damonte para decir que esa noche iba en uno de los patrulleros, aunque no figuraba en las actas. Según la propia agente, sus compañeros le pidieron “que se retirara” y le dijeron que “no figuraría en el acta de procedimiento por ser nueva”.
Las mentiras y los intentos por tapar lo que pasó también llegaron al centro de monitoreo de Monte. Claudio Ismael “Toro” Martínez, ex policía y quien estaba a cargo de la subsecretaría de Seguridad de la comuna, se enteró de la masacre a los pocos minutos y cerca de las 3 de la madrugada fue él mismo a ver las cámaras de seguridad.
En esa sorpresiva visita, el funcionario le pidió a los empleados “reserva” de lo que acababan de ver porque “estaban en juego los puestos de trabajo”, según el expediente.
Martínez también demoró en la entrega del material a los investigadores, a pesar de que esa misma mañana ya tenía la secuencia completa de las cámaras. Además, según la intendenta Sandra Mayol, le dijo que lo que había ocurrido fue un accidente “que no tenía que ver con el seguimiento previo (de la Policía al auto)”.
Pero antes de Martínez, cerca de las 2 de la mañana estuvo en el centro de monitoreo el teniente Héctor Enrique Ángel, vestido de civil junto a otro policía. “El Pipi”, quien después de la masacre fue separado de su cargo por Asuntos Internos por presunta connivencia con narcos y delincuentes de la zona, pidió ver las cámaras de seguridad y grabó parte de la persecución en la rotonda Almirante Brown hacia la colectora de Ruta 3 para “llevarlas a la Fiscalía”.
El fallo del juez Silva Pelossi concedió la falta de mérito para dos policías que hasta el lunes estuvieron detenidos. Se trata de Cristian Righero y Juan Gutiérrez, que están imputados por “encubrimiento” y “falsedad ideológica”. El argumento para liberarlos fue que los agentes llegaron al lugar del hecho “después de la colisión”.
El abogado Andrés Gauto, representante de la familia de Aníbal Suárez, adelantó que presentará un recurso de apelación contra la falta de mérito a Gutiérrez y Righero.
