El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava procesó sin prisión preventiva pero con un embargo de 100 millones de pesos al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje ilegal a familiares del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.
Macri fue procesado por “el delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban”.
Además, el juez le reprochó a Macri “haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas”.
Como medida adicional, el juez volvió a prohibir la salida del país del ex presidente, “sin perjuicio que el imputado se encuentra fuera del país en este momento”. “La medida comenzará a regir a partir de su reingreso a la República Argentina”, aclaró Bava.
El juez también le impuso como “reglas de conducta” que “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”.
También “deberá dar aviso por sí o por intermedio de su abogado defensor de cualquier cambio de domicilio, como así también deberá dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país”.
