El Senado dió luz verde a una reforma integral de la Ley de Alquileres vigente, que introduce importantes modificaciones en los procedimientos de contratación y en los criterios para ajustar los montos.
Esta iniciativa fue promovida por el oficialismo y, dada la disparidad con el proyecto originado en la Cámara de Diputados, se requiere un proceso de revisión y consenso entre ambas cámaras legislativas para lograr la aprobación definitiva. Este proceso se lleva a cabo con el fin de consolidar una legislación que beneficie tanto a los inquilinos como a los propietarios, promoviendo así un marco más equitativo y funcional para el mercado de alquileres.
¿Cuáles son los puntos claves del proyecto?
El proyecto aprobado incluye los siguientes puntos clave:
- La duración de los contratos se mantendrá en 3 años.
- Los ajustes se realizarán de manera semestral en lugar de anual, como se hace actualmente.
- Para determinar los ajustes, se utilizará el índice “Casa Propia”, que considera el menor incremento entre el promedio de aumento salarial del último año y el promedio de inflación en el mismo período. En la actualidad, este cálculo se realiza a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central, que combina los aumentos salariales y la inflación en porcentajes distintos.
- Los contratos deberán estipularse en moneda nacional.
- Se otorgarán beneficios fiscales a aquellos que decidan poner sus propiedades en alquiler.
Sin embargo, a pesar de estas medidas, existen dudas en el sector inmobiliario sobre el impacto positivo que tendrán en un mercado que presenta una marcada disminución en la oferta de propiedades en alquiler.
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¿Qué diferencias tiene con el proyecto aprobado en Diputados?
El proyecto aprobado en el Senado presenta diferencias significativas respecto al proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. En el proyecto de Diputados, se proponía retornar a un plazo de dos años para los contratos de alquiler, con posibilidad de actualizaciones cada cuatro meses y libertad para que las partes involucradas elijan el índice a utilizar en los ajustes.
Esta variación en los plazos y en la frecuencia de ajustes refleja distintos enfoques sobre la regulación del mercado de alquileres, lo cual subraya la importancia de un proceso de revisión y consenso entre ambas cámaras para alcanzar una legislación equitativa y funcional para todas las partes involucradas.
