A más de cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la Justicia ha desestimado la demanda de Pablo Ventura, el joven de Zárate que fue injustamente detenido en el inicio de la investigación del caso.
Ventura había solicitado una indemnización de 10 millones de pesos al Estado, responsabilizando al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires por su detención errónea y la exposición pública que sufrió.
Pablo Ventura, de 22 años, fue arrestado pocos días después del asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020, tras ser mencionado falsamente por los rugbiers asesinos como participante en el brutal ataque. Aunque no se encontraba en Villa Gesell al momento del asesinato, fue detenido y permaneció encarcelado durante cuatro días. Su detención fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación, lo que afectó gravemente su vida personal y su reputación.
En noviembre de 2021, su abogado, Marcelo Olmos, presentó una demanda contra el Estado por considerar que la captura de Ventura fue “infundada e injusta”, alegando que las autoridades no verificaron adecuadamente la información antes de ordenar su arresto. Olmos argumentó que Ventura fue detenido sin pruebas sólidas y sin una evaluación crítica de la versión proporcionada por la policía.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Dolores resolvió no hacer lugar a la demanda, afirmando que “no existe una actuación material imputable” a las partes acusadas. En su fallo, las autoridades judiciales señalaron que el Estado no es responsable de la “pérdida de la libertad y la exposición pública” de Ventura, ni de la “violación de su privacidad e intimidad”.
El tribunal también aclaró que, aunque se reconocen los errores judiciales, estos pueden surgir de una actuación ilegítima o de decisiones con sesgos arbitrarios, pero no se consideró que en este caso hubiera responsabilidad directa del Estado en el trato que recibió Ventura.
El caso de Pablo Ventura causó gran conmoción en su momento, ya que quedó claro que no tenía ninguna relación con el crimen de Fernando Báez Sosa. Tras su liberación, su familia y su defensa legal buscaron limpiar su nombre y obtener una compensación por los días que estuvo injustamente encarcelado y la consiguiente exposición mediática que padeció.
