La fiscal Sabrina Cladera, quien hace menos de un mes liberó a uno de los adolescentes implicados en el asesinato de Kim Gómez, había sido propuesta tiempo atrás por el gobernador Axel Kicillof para integrar la Cámara de Apelaciones de La Plata. La revelación de su postulación generó una fuerte controversia y reavivó el debate sobre la responsabilidad del sistema judicial en la reincidencia delictiva de menores.
La liberación del menor y su posterior implicación en el crimen de Kim
El 1 de febrero, el delincuente de 17 años que terminó con la vida de Kim fue detenido tras robar un auto a punta de pistola en la zona del Parque Saavedra, en La Plata. Pese a sus antecedentes y a la gravedad del caso, la fiscal Cladera decidió dejarlo en libertad, permitiendo que regresara a su hogar en lugar de solicitar su detención ante el Juzgado de Menores.
Cladera había sido propuesta para la Cámara de Apelaciones
Antes de que estos hechos tomaran notoriedad, Cladera ya había sido postulada para un ascenso a la Cámara de Apelaciones de La Plata, en el marco de un conjunto de nombramientos judiciales impulsados por el Ministerio de Justicia bonaerense.
Aunque su candidatura no había generado debate en ese momento, la reciente controversia sobre su decisión de liberar al menor implicado en el crimen de Kim ha puesto bajo la lupa su accionar como fiscal y su idoneidad para ocupar un cargo de mayor jerarquía en la justicia bonaerense.
El caso ha generado indignación en distintos sectores políticos y sociales. Florencia Arietto, referente de la oposición, criticó duramente la postulación de Cladera y se expresó en redes sociales:
Sabrina Cladera, de 48 años, fue designada como fiscal en 2018. A lo largo de su carrera, ha intervenido en múltiples casos relacionados con menores en conflicto con la ley.
El debate sobre la justicia y la seguridad
La postulación de Cladera para un ascenso en la Cámara de Apelaciones, impulsada por el gobierno bonaerense, ha sido objeto de críticas, especialmente tras conocerse su decisión de liberar al menor implicado en el crimen de Kim. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la idoneidad de los funcionarios judiciales y la necesidad de revisar las políticas relacionadas con la delincuencia juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Mientras se espera una definición sobre su nombramiento, el caso de Kim sigue generando conmoción en la sociedad y deja un fuerte interrogante sobre la efectividad de las políticas de seguridad y justicia en la provincia de Buenos Aires.
