A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno lanzó una recompensa de $500.000 para quienes puedan aportar datos sobre los asesinos de Rubén Darío Jerez, un repartidor que desapareció en la localidad costera de Santa Teresita en 2001 y cuyo caso permanece sin resolver hasta la fecha. También ofreció un monto idéntico para aquellos que -sin haber participado del delito- brinden información que permita dar con su cuerpo.
Las dos decisiones fueron comunicadas mediante la Resolución 659/2019, publicada en el Boletín Oficial.
Jerez fue visto por última vez el 25 de octubre de 2001. En ese entonces tenía 49 años y trabajaba como repartidor de productos de la empresa Arcor. Ese día fue a un local de Santa Teresita con la intención de cobrar una deuda.
Al salir de allí, se encontró con un hombre con el que conversó durante unos minutos para luego subirse a su auto y aguardar una hora dentro de él. Detrás suyo estacionó otro vehículo con dos personas a bordo. Eso fue lo último que se supo de él.
Cinco personas fueron imputadas en la causa, caratulada como “Privación ilegal de la libertad, homicidio y desaparición”. Tres de ellos eran ex funcionarios del municipio del Partido de la Costa (a cargo entonces del radical Guillermo Magadán), mientras que los dos restantes se desempeñaban como gerentes de una financiera que, de acuerdo a la causa, mantenía una deuda con Jerez.
De acuerdo al fiscal general de Dolores, Diego Escoda, había información suficiente para sospechar que los funcionarios municipales aportaron datos falsos a la causa “con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho”.
El fiscal les atribuyó una relación con la financiera y además los acusó de haber armado un “plan” que incluyó obligar a un hombre con problemas mentales a declararse culpable del hecho. Otros de los imputados era Alejandro Muñóz, quien negó haber tenido contacto con Jerez a pesar de que varios testigos le atribuyeron el ser la persona con quien habló antes de desaparecer.
Luego de casi 12 años, en abril de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Dolores absolvió a los cinco acusados de encubrir la desaparición. Los jueces fueron en contra de los fiscales a cargo de la causa en ese momento, Diego Bensi y Diego Torres. Ellos habían solicitado que se condenara a los gerentes y a los funcionarios a cuatro y tres años y seis de cárcel, respectivamente, por el delito de encubrimiento agravado.
Bensi y Torres aseguraron que, a pesar de que el cuerpo de Jerez nunca fue hallado, había indicios conducentes para tener por acreditado el homicidio y que los imputados ayudaron al autor o autores del crimen a eludir las investigaciones.
No obstante, el fallo fue apelado por la fiscalía y por la esposa de Jerez, que consideraron que en el debate oral se había hecho una valoración “absurda” de la prueba. La sala IV del Tribunal de Casación Penal les dio la razón y ordenó un nuevo juicio “con la premura que el caso amerita”.
La decisión fue confirmada por la Corte Suprema bonaerense en mayo de 2016 y ahora, ante el pedido del fiscal Bensi, el ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la oferta de las recompensas.
Aquellos que quieran aportar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa nacional de coordinación para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia al número 134.
