La reciente presentación de la Ley Impositiva en la Legislatura bonaerense ha dejado en claro la intención del gobierno de Axel Kicillof de adoptar políticas tributarias que contrasten con las medidas del gobierno nacional. Mientras la administración de Javier Milei avanza con un esquema de blanqueo de capitales, la provincia de Buenos Aires decidió no adherir a estas disposiciones, marcando una estrategia completamente diferente en materia fiscal.
Un presupuesto alineado con la inversión pública y la progresividad fiscal
El ministro de Economía de la provincia, Pablo López, destacó que el Presupuesto 2025 contempla una inversión superior a $34 billones, priorizando sectores como infraestructura, salud y educación. Según López, el objetivo es consolidar un Estado presente, garantizando la provisión de servicios esenciales y promoviendo el desarrollo regional.
Entre los puntos clave de la Ley Impositiva presentada, se destacan:
- Sin cambios en Ingresos Brutos: No se modificarán las alícuotas ni las categorías de este tributo, que representa 84% de la recaudación provincial.
- Aumentos según la inflación: Los impuestos a patrimonios (Inmobiliario urbano, rural y baldíos, además de Automotores) tendrán un incremento promedio de 18,5%, en línea con las proyecciones inflacionarias del Presupuesto Nacional.
- Regreso de beneficios: En 2025 volverán las bonificaciones por buen cumplimiento, una medida eliminada este año.
Por qué Buenos Aires rechaza el blanqueo nacional
El blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Milei ya permitió regularizar más de US$22.000 millones en bienes y fondos no declarados. Sin embargo, Kicillof ha decidido no adherir a esta normativa, argumentando que se trata de una “amnistía para evasores”.
A diferencia de 2016, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal implementó beneficios provinciales complementarios al blanqueo nacional, el actual gobierno provincial opta por priorizar la fiscalización progresiva. Según Economía, el enfoque estará dirigido hacia sectores con mayor capacidad contributiva, evitando perseguir a contribuyentes que hayan participado en el blanqueo nacional.
Posibles acciones de ARBA frente al blanqueo de Milei
Aunque Buenos Aires no se suma oficialmente al esquema de blanqueo, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) conserva ciertas facultades para controlar posibles evasiones. Entre las medidas que podrían aplicarse:
- Fiscalización directa: ARBA puede exigir el pago de impuestos provinciales sobre bienes regularizados si logra acceder a la información correspondiente.
- Incremento del perfil de riesgo: Los contribuyentes con indicios de evasión podrían enfrentar auditorías más rigurosas.
- Revisión de excusas: Alegar que los bienes o ingresos fueron declarados mediante el blanqueo no eximiría de posibles deudas provinciales.
Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial insisten en que estas acciones no serán una prioridad en su política recaudatoria.
Un contraste marcado con otras provincias
Buenos Aires no es la única jurisdicción que optó por no adherir al blanqueo. Otras provincias, como Santa Cruz, La Pampa, Formosa y Santiago del Estero, también han tomado distancia de esta medida. Cada una de ellas, al igual que Buenos Aires, argumenta que el enfoque nacional podría debilitar los esfuerzos de fiscalización locales.
En contraste, la administración Milei celebró recientemente el éxito inicial del blanqueo con la incorporación de bienes y capitales al sistema formal, un logro que atribuyen a su modelo de menor intervención estatal.
