La jueza Civil y Comercial N° 1 de Gualeguaychú, Valeria Barbiero de Debeheres, ha emitido una decisión histórica al determinar que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) deberá indemnizar con aproximadamente 150 millones de pesos a una familia de Urdinarrain por un trágico siniestro vial en la ruta provincial 20.
El fatal incidente tuvo lugar el 26 de agosto de 2014, en el kilómetro 35 de la ruta, cuando un Peugeot 405 que transportaba a cuatro miembros de la familia Nores se salió de control al “agarrar un pozo de agua”, culminando en un choque contra un árbol. Como consecuencia, María Alejandra Nores quedó postrada en una silla de ruedas de por vida, según informó el abogado de la familia, Alfeo Gette.
La legislación establece que en casos graves o gravísimos, la fiscalía debe actuar de oficio. Sin embargo, en este caso, el legajo penal se extravió, requiriendo que el abogado de la familia demostrara los hechos mediante diversas pruebas. Alfeo Gette explicó que, al solicitar la reconstrucción del legajo penal, se constató la deformación del asfalto. En la demanda presentada, imputó la responsabilidad a la DPV por no mantener la ruta en condiciones adecuadas y a la provincia por la negligencia de la fiscalía al perder el legajo penal.
El abogado destacó que, al relatar los hechos y señalar que “el mal estado de la ruta 20 es una cuestión pública y notoria, y que la gente se mata como moscas”, la jueza reconoció la notoriedad de los problemas en el lugar, admitiendo tener conocimiento de primera mano sobre las condiciones de transitabilidad en la ruta.
En respuesta a la resolución judicial, Gette elogió a los peritos que participaron en el caso y expresó: “Una parte del Estado causó daño, y la otra parte del Estado, a través del Poder Judicial, lo reparó de alguna manera, porque esto es irreversible. Ojalá que esto sea un granito de arena para que las cosas comiencen a funcionar de otra manera“, concluyó.
