El Gobierno nacional derogó un decreto dictado por el ex presidente Mauricio Macri sobre las migraciones, con la justificación de que los cambios del Gobierno anterior “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
A través del Decreto 138/2021 y con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros del Gabinete nacional, se modifica el régimen migratorio argentino.
De esta manera, se restituye “la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto Nº 70 del 27 de enero de 2017” y al mismo tiempo, crea una “Comisión Asesora de Política Migratoria, la cual deberá proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones Nº25.871“.
¿Qué reglamenta esta ley?
Esta ley dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de las personas, al igual que sus derechos y obligaciones de los extranjeros que desean habitar en el país.
Según explican las autoridades, se modificaron aspectos sustanciales en los considerandos de la norma, y como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.
Entre ellas remarcan “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificar familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que “ha sido enfática con relación a la protección de los migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio”.
En el año 2017, cuando aplicaban este decreto, la Amnistía Internacional había dado aviso sobre esa norma ya que introducía “impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”.
“El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia”, señaló AI en aquella oportunidad, e indicó que la normativa “amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes”.
