En Olavarría, una localidad con fuerte arraigo ganadero en el corazón de la provincia de Buenos Aires, una maniobra delictiva sacudió al sector agropecuario. Una estafa calculada en $300 millones dejó al descubierto las vulnerabilidades de un sistema basado en la confianza entre productores y operadores del mercado de hacienda. La historia involucra compras sucesivas de ganado, incumplimiento de pagos, ocultamiento de deudas y un allanamiento que terminó con la recuperación de los animales. Pero detrás de esos datos, hay 16 productores afectados y una consignataria que aún busca respuestas.
Cuatro compras, un mismo destino: el engaño
Un cliente habitual de una reconocida consignataria de Olavarría concretó cuatro operaciones de compra de ganado. Algunas se realizaron en forma directa; otras, a través de remates feria en la Sociedad Rural local. El comprador, hasta entonces bien considerado, pidió las facturas con el clásico compromiso de abonar en 48 horas. Nada que hiciera sonar las alarmas.
Como era un cliente habitual de la firma, le hicieron las facturas y quedó en pagar a las 48 horas, como había hecho en otras oportunidades.
Pero pasados los plazos, el dinero nunca apareció. Excusas varias —problemas familiares, complicaciones de salud— empezaron a sembrar sospechas. Finalmente, a diez días de la última compra, el cliente se presentó en concurso de acreedores en el Juzgado Civil de Olavarría. Lo alarmante: declaró solo una parte de su deuda, ocultando facturas que sumaban $260 millones.
Un allanamiento y 365 razones para dudar
La maniobra no quedó allí. La fiscal Paula Serrano, de la UFI N°4 del Departamento Judicial de Azul, ordenó un operativo en un feedlot en Berabevú, Santa Fe, a casi 600 kilómetros de Olavarría. Allí se encontraron las 365 cabezas de ganado correspondientes a las operaciones impagas.
Los animales, propiedad de 16 productores olavarrienses, estaban identificados y se logró comprobar que no se había completado ningún pago. Sin embargo, el dueño del feedlot aseguró haberlos comprado de buena fe. Hoy, por decisión judicial, actúa como depositario judicial de la hacienda.
Un golpe al corazón del campo
Más allá del número impactante de la estafa, el hecho dejó al descubierto la fragilidad del sistema de comercialización ganadero. Aunque el ganado era de los productores, la consignataria es quien responde legalmente frente a estas situaciones. El golpe económico es enorme, pero también lo es el daño reputacional.
El caso genera ecos de otra estafa reciente en la zona, donde se habrían perdido más de US$2 millones en operaciones similares. En ambos casos, el mismo nombre aparece involucrado. Hoy, la justicia investiga si hubo una red organizada o si se trató de una acción individual aprovechando fisuras del sistema.
¿Y ahora qué?
Los productores esperan recuperar su hacienda, pero la incertidumbre reina. Mientras tanto, la consignataria busca sostenerse ante la presión económica y legal. En Olavarría, el caso se comenta en voz baja, pero con preocupación creciente: muchos se preguntan quién será el próximo.
Este episodio podría marcar un antes y un después en el comercio ganadero de la región. En un sector donde un apretón de manos todavía vale, los contratos, las garantías y los controles parecen volverse más necesarios que nunca.
