En las últimas horas, el Juez Federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, procesó a siete vecinos de la ciudad bonaerense de Maipú por haber retenido los documentos de al menos 27 personas para evitar que voten en las elecciones del año 2019.
El magistrado de La Plata con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires, procesó a siete personas “por retener indebidamente documentos de ciudadanos e inducir a los electores, con engaños o amenazas, a abstenerse de sufragar” en los comicios generales de octubre de 2019.
Ramos Padilla convocó a 36 personas a prestar declaración testimonial para la corriente semana. Ya hubo otros 27 relatos que dieron cuenta de los hechos denunciados. Y uno de los acusados, un ex policía que estuvo relacionado a la municipalidad, reconoció haber retenido 350 documentos de identidad.
El juez precisó que todas las víctimas narraron una modalidad similar: semanas o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía “comprarles” su DNI a cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno, gestión de trámites, etc.
“También se verificó una modalidad específica en las personas que trabajaban en la cooperativa municipal: distintos trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares refirieron haber sido amenazados: en caso de no entregar sus documentos de identidad, perderían su trabajo”, indicó el magistrado.
Con excepción de los trabajadores de la cooperativa municipal, el resto de los denunciantes aceptó haber dado su consentimiento al entregar los documentos a cambio de dinero y beneficios. Algunos de ellos incluso aceptaron haber consentido que los “acompañaran” a votar.
Según indica el juez en un escrito “otros dieron cuenta de un mecanismo que consistía en filmarse en el cuarto oscuro colocando la boleta de votación del candidato oficialista local. Sin embargo, lo que impulsó a las distintas víctimas a formalizar la denuncia fue el hecho de que los imputados no les devolvieran sus documentos de identidad, lo que, en la gran mayoría de los casos, aparecía mencionado como una ruptura de ese ‘pacto’ previo, aunque irregular e ilegal”.
Asimismo, el juez decidió apartar de la investigación a la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú por su rol en el caso y le dio intervención a la Policía Federal Argentina, División Unidad Operativa Federal de Dolores. Ya que el expolicía y procesado Franco Miluzzi aseguró en su declaración indagatoria “que existía una complicidad entre las autoridades de la fuerza policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú –dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires–, las autoridades del municipio de esa ciudad y algunas de las personas imputadas”.
Al respecto, el Intendente local Matías Rappallini consideró que “la denuncia es a todas luces falsa y mentirosa”.
