Días pasados el portal Infocielo dio cuenta de un verdadero escándalo que ha vuelto a tomar estado público en la comunidad de Castelli.
Según la publicación platense, un vecino de dicha localidad bonaerense, identificado como Aníbal Adrián Goroso, se presentó a la Justicia con el patrocinio letrado del abogado chascomunense, José Ignacio Ochoa, solicitando el desarchivo y reapertura de una investigación que se había cerrado en tiempo récord, no obstante haberse constatado la existencia del delito denunciado, contra una abogada y dirigente ruralista local.
La denunciada es Angelina Traverso, presidenta de la Sociedad Rural de Castelli y miembro de CARBAP, pero además es abogada y titular de un reconocido Estudio Jurídico. Goroso, en cambio, es un hombre humilde que no sabe ni leer ni escribir, quien denunció que en el año 2014 la nombrada abogada falsificó su firma en un documento para perjudicarlo en un tramite de escrituración de su casa.
Inicialmente el vecino castellense había consultado a la letrada para tramitar el Título de Propiedad de su inmueble, pero posteriormente tomó conocimiento que a través del Municipio se efectúa el mismo de forma gratuita, motivo por el cual concurrió a las oficinas comunales a interiorizarse de las gestiones que debía llevar a cabo.
Conforme consigna Infocielo, enterada la abogada Traverso de esta situación, se presentó en el Municipio con una nota supuestamente firmada por Goroso donde daba cuenta que desistía de ese proceso gratuito.
Dadas las circunstancias, Goroso recurrió a la Justicia denunciando que se le había falsificado su firma y solicitó la realización de una pericia caligráfica.
Efectuada ésta, se determinó la falsedad de la firma estampada, señalando el perito que los trazos dibujados se correspondían con la caligrafía de la abogada denunciada.
No obstante, el fiscal interviniente consideró que la denuncia merecía ser archivada por la “insignificancia del bien jurídico afectado” y porque “tal como se desprende del análisis de las actuaciones colectadas (…) la pena máxima en expectativa por el delito investigado no supera los seis años de prisión”.
Como consecuencia, Goroso nunca pudo obtener su anhelado Título de Propiedad y se quedó con el amargo sabor que en su caso la Justicia no fue justa, motivo por el cual después de varios años, volvió a insistir y solicitó al Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, Dr. Diego Escoda, el desarchivo y la reapertura de la causa.
Este lunes 27 se tuvo conocimiento que el Fiscal General Escoda hizo lugar a lo peticionado y ahora se dará un nuevo impulso a esta causa, descontándose que la Presidenta de la Sociedad Rural de Castelli podría ser condenada, ya que está debidamente probado, mediante la pericia judicial caligráfica, que la firma falsificada corresponde a su trazo y fue realizada por la letrada denunciada.
