El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, denunció ante la Oficina Anticorrupción una serie de irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el Gobierno de Cambiemos, que involucran fondos de USD 62 millones.
En este sentido, el titular de la cartera educativa, explicó que la presentación del documento se hizo “por una serie de hechos irregulares que podrían resultar constitutivos de un delito, y sobre lo que en definitiva deberá expedirse la Justicia”.
En tanto, lo que el Ministerio de Educación busca es que la Oficina Anticorrupción investigue el destino de USD 61.920.462 para lo que fue el Programa 3.000 jardines, implementado durante la gestión de Cambiemos.
Este plan, fue impulsado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri y, según los datos que pudieron recabar desde Educación, “de los 3.000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107″.
La información, que se obtuvo a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 establecimientos que no fueron concluidos.
“Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, sostuvo Trotta.
De esta manera, se evidenció “una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas”, explicaron desde el ministerio.
Vale recordar, que el 34% del total de las obras licitadas en 2016 fueron adjudicadas a la empresa constructora UTE Bahía Blanca Viviendas SRL y Escarabajal Ingenería SRL, a pesar que la Comisión Evaluadora indicaba que no tenía la capacidad operativa para llevar adelante la edificación.
En este contexto, el monto total de los contratos superaba los USD 90 millones aunque sólo fueron desembolsados USD 62 millones. No obstante, a pesar de que las construcciones no se terminaron, y se dieron de baja a los dos años, la empresa adjudicataria continuó recibiendo transferencias hasta julio de 2018.
Respecto a la resolución de la situación, el ministro argumentó que “nos propusimos remediar la situación dado que representa un ataque directo a la vulneración del derecho a la educación para nuestras niñas y niños en todo el territorio nacional por lo que hemos avanzado en la conclusión de muchas de esas obras”.
“A la fecha en nuestra gestión se han finalizado 19 de los jardines de infantes abandonados, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidas”, concluyó Trotta.
Entre las irregularidades detectadas por el ministerio de Educación, se encuentran el abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar, entre otros.
En su momento, las multas por incumplimiento, ascendía a $78 millones pero, más allá de los informes confeccionados no se aplicaron en su totalidad sino que se intimó a la constructora por $7 millones.
