El Gobierno Nacional dio a conocer los resultados de una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores, denunciando la existencia de un esquema de corrupción con desvíos por 3.400 millones de dólares solamente durante 2023.
En su conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni dio detalles del presunto esquema fraudulento que habría operado en las últimas décadas.
La auditoría, encabezada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, reveló que “durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios,” un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales,” indicó el portavoz presidencial.
Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, el vocero presidencial mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65 por ciento, o sea, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días,” explicó.
También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez. Mientras que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia, ya que en la imagen “se puede ver la cola del perro,” reveló.
“En el año 2023 se gastó aproximadamente 3.400 millones de dólares, más de medio punto del PBI. Se estima que un tercio de las pensiones por invalidez fueron mal otorgadas, lo que representaría unos 1.000 millones de dólares de desvío,” completaron desde el Gobierno.
