El Gobierno denunció penalmente a Aldo Rico luego de que difundiera un video en el que llama a sus camaradas militares a organizarse ante la crisis política y económica. “Esto es una llamada de reunión antes de las crisis”, había dicho en su mensaje destinado a soldados activos y veteranos.
La Secretaría de Derechos Humanos pidió investigar a Aldo Rico por “delitos contra el orden constitucional”; lo acusan de “amenaza pública” contra las “autoridades democráticamente electas”.
Tras la difusión del mensaje, Horacio Pietragalla Corti, encargado de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó la denuncia contra Rico por el presunto delito “de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas”, que se encuentra tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal.
El artículo 226 bis del Código Penal, cuya violación el Gobierno le adjudica a Rico, prevé entre uno y cuatro años de prisión para el que “amenazare pública e idóneamente” con un alzamiento “en armas para cambiar la Constitución”, con “deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, o el bloque aunque, sea temporario, del “libre ejercicio de sus facultades”.
