Los municipios de Vicente López y San Isidro declararon esencial la educación e iniciaron el camino legal para dejar sin efecto los DNU del Gobierno Nacional.
Los dos municipios de la provincia de Buenos Aires firmaron decretos municipales para declarar a la educación como un servicio público esencial, lo que va en línea con el discurso del gobierno porteño.
Gustavo Posse, intendente de San Isidro, y Jorge Macri, intendente de Vicente López, buscan presionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los dos municipios declararon esencial la educación, y llevaron la disputa a la justicia.
Posse firmó el decreto por el que instruye a las dependencias públicas del distrito a continuar trabajando para que las “clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial”, en lo que se trata más de un gesto político alineado a una postura adoptada por Juntos por el Cambio, que de una decisión que esté por encima de la adoptada por Alberto Fernández.
Por otro lado, Macri presentó ante la justicia bonaerense un amparo para frenar en Vicente López la suspensión de la presencialidad de las clases. “Como gobierno tengo un poder que es la Justicia. No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe”, afirmó el intendente.
