Con el objetivo de eliminar los controles de precios, el DNU presentado por el presidente Javier Milei, incluye una revisión de la Ley de Góndolas. ¿En qué consiste? Te lo contamos en esta nota.
El Gobierno pretende revocar la Ley de Góndolas como parte de su estrategia para avanzar en la desregulación económica, eliminando así una normativa que estuvo en vigor durante los últimos años como parte de los esfuerzos para controlar los precios. Además, el presidente Javier Milei tiene la intención de poner fin a Precios Justos como parte de esta medida.
¿Qué es la Ley de Góndolas?
La Ley de Góndolas (Ley 27545), implementada desde marzo de 2020, busca garantizar la transparencia y competencia en los precios de productos alimenticios, bebidas, y artículos de higiene y limpieza del hogar, en beneficio de los consumidores. En 2021, la Secretaría de Comercio Interior reformuló la legislación para regular la presentación de productos tanto en góndolas físicas como virtuales, con el propósito de que los consumidores puedan ver primero los productos más accesibles.
Esta normativa se aplica a supermercados minoristas y mayoristas con un tamaño de 800 metros cuadrados o más, incluyendo sus plataformas virtuales. La regulación exige que las páginas web de estos supermercados organicen los productos por categoría, de menor a mayor precio por unidad de medida, para asegurar transparencia y accesibilidad.
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Los objetivos de esta normativa son:
- Garantizar armonía y equilibrio entre los operadores económicos afectados por la ley para prevenir prácticas comerciales perjudiciales para la competencia.
- Facilitar el acceso a productos regionales o artesanales de micro, pequeñas y medianas empresas, productos de agricultura familiar, campesina e indígena, productos de la economía popular, y productos de cooperativas y mutuales.
¿Cómo repercute la desregulación del mercado?
La desregulación económica implica la reducción o eliminación de regulaciones gubernamentales que afectan las actividades económicas, como lo es la Ley de Góndolas. Según el Gobierno, este proceso busca aumentar la eficiencia económica, promover la competencia y permitir que las fuerzas del mercado operen con mayor libertad.
Objetivos comunes de la desregulación incluyen:
- Fomento de la competencia: Eliminar barreras artificiales para la entrada de nuevas empresas, estimulando la competencia y ofreciendo más opciones a los consumidores.
- Estímulo a la innovación: Al reducir restricciones, se espera que las empresas tengan mayor libertad para innovar y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
- Mejora de la eficiencia: Eliminar regulaciones innecesarias, simplificar procedimientos administrativos y reducir trámites burocráticos para impulsar la eficiencia económica.
- Crecimiento económico: Permitir que las empresas operen con flexibilidad para favorecer un mayor crecimiento económico, dando un papel más destacado a las fuerzas del mercado.
