En el día de hoy, martes 15 de agosto, después de 12 años de impunidad, comenzará el juicio a 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por su responsabilidad en una de las masacres más graves de la historia del encierro bonaerense: la muerte de 33 detenidos en el incendio en la Unidad Penal N 28 de Magdalena. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) patrocinan a familias de las víctimas. La masacre de Magdalena fue el emergente de la crítica situación de encierro en la provincia de Buenos Aires que se ha agravado a lo largo de los años.
El 16 de octubre de 2005, 33 personas privadas de su libertad, y por lo tanto bajo custodia del Estado, murieron asfixiadas y quemadas en el incendio en el pabellón 16 de la Unidad Penal N 28 de Magdalena. El personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) había ingresado al pabellón con escopetas con munición antitumulto como respuesta a una discusión entre dos internos. Los agentes dispararon balas de goma a quemarropa, golpearon a los detenidos que se tiraban al piso y lanzaron a los perros contra ellos.
Tras la violenta represión, se inició un foco de incendio en el fondo del pabellón. Los penitenciarios se replegaron y cerraron la puerta con candado: encerraron a los detenidos en un pabellón en llamas, 33 murieron quemados y asfixiados. Las pruebas de la causa hablan de una acción deliberada que impidió que los detenidos pudieran salvar sus vidas.
12 años después, la masacre de Magdalena llega a juicio oral y público. Desde el 15 de agosto y durante tres meses, pasarán frente al Tribunal Oral en lo Criminal N 5 de La Plata —integrado por los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena— los 17 funcionarios y agentes del SPB imputados, un sobreviviente del pabellón 16 y más de 400 testigos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) patrocinan a familias de las víctimas.
De los 17 imputados, los agentes Reimundo Héctor Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Busto, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villarreal, Mauricio Alejandro Giannobile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez están imputados por abandono de personas seguido de muerte. Por homicidio culposo agravado por más de una víctima están imputados el entonces director de la unidad, Daniel Oscar Tejeda, y Cristian Alberto Núñez que era el jefe de la guardia de seguridad exterior.
La superpoblación, la ausencia de medidas de seguridad y la acción concreta de quienes decidieron mantener encerrados a los detenidos del pabellón 16 integran el conjunto de acciones que causaron las muertes.
No se trataba de situaciones aisladas sino de condiciones estructurales del sistema penitenciario: el lugar no cumplía con los estándares internacionales mínimos para el alojamiento de personas, ya que había sido construido como un “Pabellón de bajo costo” en el que se hacinaban personas en condiciones inhumanas. Era una forma de resolver el hacinamiento creciente del sistema.
En 2005 había 26.421 personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses, alojadas en condiciones violatorias de derechos humanos; 12 años después la situación se ha agravado. En la actualidad, hay más de 39 mil personas detenidas en la provincia; el incremento incesante de la tasa de encarcelamiento profundizó los índices de hacinamiento y violaciones de los derechos humanos. Más de 120 personas mueren por año bajo custodia del Estado, la mayoría de ellas por razones de salud no atendidas.
La condena a los responsables de la Masacre de Magdalena en el juicio que se inicia el 15 de agosto debería ser, en ese sentido, un mensaje judicial claro contrario a la impunidad.
