Pablo Ventura, el joven de la ciudad de Zárate que estuvo preso tres días como sospechoso por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell, y que luego fue desvinculado del caso, demandó al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense por 10 millones de pesos por los daños sufridos por esa “infundada e injusta detención”.
“Se reclama del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-Ministerio Público Fiscal en concepto de indemnización del daño moral causado al actor por la infundada e injusta detención y a más de la pérdida de la libertad y la alteración de la paz, de su honor mancillado y por la exposición pública resultante, con la consecuente violación de su privacidad e intimidad, el pago de la suma de pesos diez millones”, establece la demanda que presentó Marcelo Olmos, el nuevo abogado de Ventura ante el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso y Administrativo de Dolores.
En la demanda, a la que pudo acceder Télam, Olmos describió la detención del joven, adjuntó distintas notas periodísticas y propuso una serie de testigos para que declaren.
Pablo Ventura (22) fue detenido por el crimen de Fernando (18) el 19 de enero de 2020 en su casa. Luego, fue trasladado hasta la ciudad donde ocurrió el asesinato.
Finalmente, tres días después, fue excarcelado a pedido de la fiscal Verónica Zamboni y por orden del juez de Garantías, David Mancinelli.
El joven y su familia aseguraron, desde el principio, que la noche del crimen había estado en Zárate cenando con sus padres. Además, apuntaron que nunca había estado en Villa Gesell.
Ventura expresó, en su momento, que no conocía a los rugbiers acusados por el crimen de Báez Sosa, y que no entendía por qué lo habían involucrado.
A principios de febrero, el juez Mancinelli lo sobreseyó y quedó totalmente desvinculado de la causa.
