Tal como lo adelantó INFOZONA días pasados y luego diversos medios periodísticos replicaron la información. los ocho rugbiers imputados por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, lograron que la Justicia falle a favor de ellos en una denuncia que apunta directamente contra la fiscal que los detuvo y la abogada que los patrocinó tras el crimen.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores.determinó que los ocho sean considerados “particulares damnificados” en dicha causa.
Se trata de una presentación del 13 de febrero de 2020, en donde se denunció por “falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad” a la doctora Verónica Zamboni y a la defensora oficial doctora María Verónica Olindi Huespi. También a dos secretarios de la fiscalía de Dolores.
La denuncia de Tomei apunta directamente a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Villa Gesell por no haber indagado a sus defendidos “de manera correcta”. El abogado asegura que los rugbiers, tras ser detenidos, no fueron notificados de la acusación y no se les exhibieron las imágenes del hecho.
“La prueba era evidente. Las actas de las supuestas declaraciones daban cuenta que se había notificado a los imputados individualmente en audiencias separadas el hecho acusado, la prueba y los derechos. Todo en menos de tres minutos, cuando una audiencia de esas características tarda entre 15 y 20 minutos”, sostuvo el abogado Tomei
“Posteriormente, ante un planteo de la defensa, la fiscal Zamboni reconoció por escrito que no hubo audiencias individuales. Y que supuestamente la noche de domingo 19 de enero de 2020 les habló a todos juntos sobre el homicidio, de pie y en una sola oficina de la Fiscalía, en presencia de la defensora oficial que permitió el acto ilegal”, agregó el letrado.
Tomei sostiene que dichas indagatorias deben ser declaradas nulas. “La Justicia debería declarar nulos todos los actos ocurridos el 19 de enero de hace dos años. Cada uno hizo lo que quiso y no lo que dice la ley. Es un grave problema”, continuó Tomei.
Aunque Tomei no quiere revelar cuál es la estrategia que diseñará para ejercer presión antes del comienzo del juicio -fijado para el 2 de enero de 2023-, la Justicia cree que intentará anular toda la prueba producida por la fiscal Zamboni y que la causa vuelva a foja cero.
Consultado el abogado de los padres de Fernando, específicamente por la latente posibilidad de que el debate sea postergado, Burlando respondió: “No veo esa posibilidad. Va a ser un juicio largo con mucha prueba a producirse y los tiempos estimados son los correctos”.
Cabe agregar que los detenidos continúan alojados en la Alcaidía N°3 del penal de Melchor Romero y están imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
