En las últimas semanas, diversas localidades y ciudades de la provincia de Buenos Aires han sido testigos del cierre de sucursales del Correo Argentino, dejando a su paso despidos masivos y un evidente perjuicio para las comunidades que dependen de este servicio esencial.
Este movimiento, lejos de ser fortuito, parece estar vinculado a la intención del Gobierno Nacional de privatizar el Correo Argentino, una medida que ha suscitado preocupación y críticas en diversos sectores de la sociedad.
Los cierres de sucursales no son un fenómeno aislado. En distintas localidades ya se han oficializado estas clausuras, lo que ha llevado al despido de parte del personal que allí trabajaba. Este accionar no solo afecta directamente a los empleados, sino que también deja desatendidas a las comunidades que confiaban en el Correo Argentino para el envío y recepción de correspondencia, paquetería y trámites importantes.
A la par de los cierres, se ha puesto sobre la mesa la opción de retiros voluntarios para la totalidad del personal, una medida que, si bien puede ser presentada como una opción, en realidad parece ser un paso más hacia la reducción drástica de la presencia del Correo en el territorio, especialmente en localidades medianas y pequeñas. Esto deja en claro que se estaría avanzando hacia un modelo donde solamente las grandes ciudades contarían con sucursales del Correo Argentino, dejando desprotegidas a las poblaciones más alejadas o de menor densidad demográfica.
El impacto de estos cierres va más allá de la pérdida de puestos de trabajo.
Se trata de un retroceso en términos de acceso a servicios básicos para la población, especialmente para aquellos sectores más vulnerables que dependen del Correo para recibir pensiones, documentos importantes o realizar trámites esenciales.
Además, la privatización del Correo Argentino plantea interrogantes sobre la calidad y accesibilidad de los servicios postales en el futuro, así como también sobre la protección de los datos personales y la confidencialidad de la correspondencia.
En este contexto, se hace necesario un debate profundo y transparente sobre el futuro del Correo Argentino y su rol en la sociedad.
Es fundamental considerar no solo los aspectos económicos, sino también los impactos sociales y comunitarios de estas decisiones.
Hasta el momento, son 200 las personas que se quedaron sin su fuente de trabajo y sin un criterio claro de despido, ya que echaron tanto a personas con poca antigüedad dentro de Correo Argentino como a otros que llevaban 40 años prestando servicios para el correo.
En algunos casos, además, los despidos implican cierres de sucursales en localidades que se quedan sin correo, obligando a sus habitantes a realizar largos traslados hasta centros urbanos más importantes en el caso de necesitar el servicio.
La defensa de un servicio postal público, eficiente y accesible para todos los argentinos debería ser una prioridad en la agenda política, garantizando así el derecho fundamental a la comunicación y la conexión de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
