En un contexto marcado por la inflación y la necesidad de actualizar ingresos, el Gobierno nacional oficializó por decreto los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que impactarán en diferentes prestaciones sociales, como jubilaciones, asignaciones y las Becas Progresar. Los cambios regirán desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025, según lo establecido en la Resolución 17/2024.
Los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil
La actualización del SMVM introduce aumentos escalonados para trabajadores mensualizados y jornalizados:
| Fecha de vigencia | Mensualizados | Jornalizados |
|---|---|---|
| Desde el 1 de diciembre | $279.718 | $1.399 por hora |
| Desde el 1 de enero | $286.711 | $1.434 por hora |
| Desde el 1 de febrero | $292.446 | $1.462 por hora |
| Desde el 1 de marzo | $296.832 | $1.484 por hora |
El aumento representa un incremento acumulado en línea con los índices inflacionarios, asegurando mejoras graduales en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Cómo afecta la suba del salario mínimo en las Becas Progresar
El ajuste en el SMVM modifica uno de los requisitos clave para acceder a las Becas Progresar, ya que los ingresos del solicitante y su grupo familiar no deben superar un umbral establecido en función de este salario.
Requisitos actualizados para cada nivel educativo
- Nivel obligatorio (primario y secundario):
Los ingresos del estudiante y su grupo familiar deben ser inferiores a 3 SMVM, a menos que el solicitante reciba una pensión no contributiva por invalidez según el artículo 9 de la Ley 13.478. - Nivel superior (universitario y terciario):
Se mantiene el límite de ingresos de 3 SMVM, con la misma excepción para titulares de pensiones por invalidez. - Progresar Trabajo:
El ingreso del postulante no debe superar 3 SMVM.
Impacto en los beneficiarios de ANSES
Los cambios en el SMVM también tendrán repercusiones en los montos de prestaciones sociales administradas por ANSES, como:
- Jubilaciones mínimas.
- Asignaciones familiares.
- Prestaciones por desempleo.
Esto garantiza que los beneficios sociales mantengan cierta correlación con el salario mínimo, contribuyendo a sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
