El ingreso básico universal apunta a persona de entre 18 y 64 años en situación vulnerable. Con la renuncia de Martín Guzmán, ahora Silvia Batakis conducirá el Ministerio de Economía y definirá el rumbo económico del Gobierno de Alberto Fernández. Una de sus hazañas será atender a uno de los reclamos de la vicepresidenta: el Salario Básico Universal. ¿De qué se trata?
El Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos lleva adelante la aclamada propuesta y recibe el apoyo de la Cámpora y recientemente el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El diseño concreto está plasmado en un proyecto de ley que fue presentado por dos diputados hace dos meses y aun no ha sido tratado en las comisiones del Congreso.
Se trata de una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, en mayo fue de $14.400 y alcanzaría para establecer una base de ingresos que permitiera formarse, terminar el secundario o conseguir otros empleos teniendo un plato de comida asegurado.
La población a la que esta dirigido tiene entre 18 y 64 años y la condición es que estén:
- Desocupados
- Sean monotributistas categoría A
- Trabajadoras de casas particulares
- Trabajadores agrarios
- Asalariados informales
- Asalariados formales pero pobres (con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A).
Uno de los requisitos fundamentales para recibirlo es no cobrar ninguna prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar. Al parecer, según los cálculos del equipo del Frente Patria Grande, la población objetivo sería de 7,5 millones de personas.
“El SBU cubriría al 27 por ciento de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada”, afirma un informe de Ocepp.
A su vez, el costo fiscal bruto anual que demandaría podría ascender al 1,8% del PIB. Por otro lado, como se le resta el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se generaría por el consumo que generaría el uso del dinero, el costo se reduciría a más de la mitad. Con lo cual, el costo fiscal bruto quedaría en 0,7%, es decir, 304.877 millones de pesos.
