Finalmente este lunes 11 de junio,se radicó formalmente la denuncia por las irregularidades cometidas por personal policial de la provincia de Buenos Aires, en uno de los allanamientos realizados el pasado miércoles en un domicilio de la calle Belbetzé de la ciudad de Chascomús, informó FM Volver 95.3.
De tal modo, Juan Cruz Torres se hizo presente en las instalaciones de la UFID nº 10 de Chascomús, exponiendo los hechos de los que él y su esposa y tres hijos menores fueron víctimas por personal policial cuando ejecutaron una orden de allanamiento en su domicilio y no correspondía hacerlo por haberse equivocado los uniformados en la dirección del mismo.
Argumentó Torres que las anomalías incluyeron numerosos hechos de violencia física padecidos delante de sus hijos menores de edad e incluso los uniformados literalmente destruyeron la vivienda, en busca de la supuesta existencia de estupefacientes, y golpeando al matrimonio delante de sus tres hijos de 4, 6 y 10 años, todo antes de darse cuenta que se habían equivocado de vivienda.
El hecho tuvo amplia repercusión mediática en los últimos días y a la fecha no queda claro aún en donde radica la responsabilidad, si en el área de investigación del tráfico de drogas ilícitas (que sería la dependencia que realizó la, para muchos, deficiente labor de inteligencia previa) o en el accionar del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que fue la “fuerza de choque” que llevó adelante la acción directa sobre la vivienda y sobre todo sobre los inocentes vecinos; o en ambas.
La causa originaria es llevada adelante por el fiscal con asiento en Dolores Diego Torres, en cuyo poder se encuentra el acta labrada por personal de su fiscalía en el lugar de los hechos, en donde constan las lesiones propinadas por la policía al chascomunense Juan Cruz Torres, quien fuera golpeado en su rostro y en distintas partes del cuerpo.
Insólitamente, el titular de la UFID nº 10 de Chascomús, Dr Jonatan Robert tomó declaración a Juan Cruz Torres, pero no así a su esposa, quien también padeció violencia física y psicológica, habiendo argumentado que carecía del personal suficiente para tal tarea.
Cabe señalar además que el fiscal interviniente solicitó a Juan Cruz Torres que no realice ninguna modificación en la vivienda de su propiedad, ya que la tarea requiere que su fiscalía efectúe un relevamiento fotográfico del lugar, obligando a la familia damnificada por todo esto, a alojarse de manera impropia en viviendas de familiares, estando así separados entre sí.
En simultáneo, se encuentra en análisis la responsabilidad que eventualmente pudiera corresponderle a las máximas autoridades de seguridad del distrito y el grado de compromiso de las áreas sociales del gobierno municipal, que a esta altura de los acontecimientos, deberían ya haber acudido en forma directa en auxilio concreto, cosa que por razones de rutinaria burocracia, aún no ha sucedido más allá de declaraciones y afirmaciones de rigor.
