De acuerdo a informaciones de último momento en la sesión que se desarrolla en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia hay una importante novedad para el distrito bonaerense de Chascomús. Es que en el Presupuesto Provincial para el año 2022 que se va a aprobar, se logró incluir un artículo que asegura la cancelación del millonario juicio por “la rifa del campo”.
Recordamos que la Justicia condenó, entre otros, a la Municipalidad de Chascomús por autorizar en 1995 a comercializar una rifa a beneficio de cooperadoras de escuelas rurales que presentaba varias anomalías. De hecho, el primer premio era un campo que en realidad ya estaba hipotecado. El campo se ubica en tierras de Lezama, localidad que por entonces formaba parte del partido de Chascomús.
El diputado provincial del Frente de Todos José Ignacio “Cote” Rossi que es oriundo de Chascomús luego de gestiones en conjunto con el diputado Juan Pablo De Jesús, también perteneciente a la quinta sección electoral, impulsaron el agregado del artículo. De ésta manera se da solución definitiva a una situación que podía haber ocasionado la quiebra de la comuna chascomunense.
La “Rifa del Campo”
El caso se inició en 1995, cuando tres escuelas rurales de Chascomús pidieron autorización al entonces intendente, Juan Carlos Salas, para realizar una rifa de 1.000 números cuyo premio era una fracción de terreno de 327 hectáreas, valuado en 15.000 dólares cada una, del que resultaron beneficiadas dos vecinas de Lezama: Sonia Dellavedova de Godoy y Clorinda Sandoni (actualmente fallecida).
Pero las ganadoras no pudieron escriturar el bien a su nombre porque la gestión comunal de entonces había cometido dos irregularidades: la de permitir la venta de 2.000 números en lugar de los 1.000 avalados por ordenanza, y la de no verificar que el campo estuviese escriturado.
Este, de hecho, sólo contaba con un boleto de compra venta tramitado por un particular que había comprado el lote y organizado la rifa, y antes del sorteo hipotecó el terreno, que tiempo después resultó rematado judicialmente y hoy está en manos de otro propietario ajeno a la cuestión.
Por ese motivo, las dos ganadoras no pudieron cobrar el premio y en 1998 iniciaron una acción judicial que culminó con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al día de hoy, el pago que corresponde a las ganadoras asciende a unos $250 millones.
