Un escándalo de proporciones acaba de plantearse en el Consejo Escolar de Chascomús. Allí, los tres representantes de Cambiemos denunciaron a los tres de Unidad por Chascomús, por la posible existencia de sobrefacturación en la compra de leche y otros alimentos.
La transparencia en la gestión de los recursos públicos, una de las banderas del intendente Javier Gastón, se pone en duda con esta denuncia que tomó estado público.
El Consejo Escolar chascomunense está conducido en sus lugares de decisión por el sector político del intendente Gastón, un vecinalista alineado al Frente Renovador de Sergio Massa. Desde diciembre de 2017 muestra una singular paridad: tres son del oficialismo y otros tres de Cambiemos.
Los consejeros de Cambiemos Nicolás Centenaro, Andrea Vieira y Analía Ruiz (renunció en las últimas horas) rechazan una factura de un proveedor por valor de $ 651.755,69, por la compra de leche y todos los productos de despensa, que corresponde a las adquisiciones del mes de agosto para el servicio de comedor en los establecimientos educativos del distrito, publicó el portal Dixit P
Mientras los denunciantes plantean que hay sobrefacturación y argumentan como prueba que en mayo y en junio la compra fue notoriamente inferior, los consejeros escolares del oficialismo se defienden diciendo que la reacción de sus pares es porque dejaron de lado a otros proveedores, uno de los cuales sería cliente de Nicolás Centenaro, de profesión contador y al frente de la denuncia hecha pública con una solicitada en el diario El Argentino de Chascomús.
Lo cierto es que la factura cuestionada fue fechada el 6 de septiembre, y emitida por la firma Distribuidora César Oscar Velazco S.A., cuyo representante legal es un conocido vecino chascomunense, Alberto Urtea, quien fue citado-según Cambiemos- a reunión para que brinde explicaciones, hecho que se concretó el 17 de septiembre. Pero las explicaciones dadas por Urtea no cubrieron las expectativas, y entonces el escándalo estalló y se hizo público.
El presidente del consejo escolar es Lucio Alfonsín, una persona cercana al intendente Javier Gastón; el bloque oficialista se compone también con María Casinghino y María Brambilla, cercana políticamente al massista Mariano Fernandino.
Según la denuncia de Cambiemos, Alberto Urtea no pudo explicar entre otras cosas por qué se facturó un total de 526 kilos de queso cáscara roja por un total de $ 105.885, siendo que en las dietas de los alumnos de las escuelas públicas se debería incluir queso tipo Port Salut. El propio Urtea (en rigor a través de su hija María) hizo una publicación en Facebook donde desmintió la totalidad de las acusaciones que se le señalan, entre otras cosas dejando entrever que los consejeros escolares de Cambiemos quieren queso Port Salut y no de cáscara roja porque el primero es provisto por el cliente de Centenaro en su estudio contable.
Un Consejo siempre convulsionado
Desde diciembre de 2017, el Consejo Escolar de Chascomús no ha parado de tener situaciones de polémica y convulsión. Tras las elecciones de medio término y el contundente triunfo del vidalista Ramiro Ferrante (hoy virtualmente desaparecido de la escena política lagunera) se dio una insólita situación: el ahora concejal ordenó no tomar la conducción del cuerpo, y entonces (con un empate entre UxCh y Cambiemos al tener cada fuerza tres ediles) todo el poder quedó de regalo en manos del vecinalismo del intendente Gastón, que ocupó la Presidencia con un hombre propio (Lucio Alfonsín) y todos los cargos decisorios, por ejemplo la Tesorería.
En rigor, Cambiemos tuvo antes de esto un mal debut, ya que un macrista “puro” como Carlos Carvalho (dueño de un coqueto petit hotel) renunció antes de asumir, sin que nunca quedaran claras las razones que motivaron su fugaz paso por la política lugareña. Y ahora, tal vez motivada por este nuevo escándalo, se acaba de conocer el anuncio de la renuncia de Analía Ruiz, quien será reemplazada por Aldana Guzmán (pertenece a un sector minoritario de la UCR local).
Resolverá el Tribunal de Cuentas
Con este panorama, será ahora la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, los que deberán dilucidar a quién asiste la razón. En el medio, miles de alumnos de escuelas de Chascomús.
