Denuncian que por presión K se canceló la presentación del libro “La estafa con los desaparecidos”

Hernán Martin

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff, denunció que, por la presión ejercida por el kirchnerismo, se suspendió la presentación del libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, escrito por José D’Angelo.

Alberto Assef.

Fuerte acusación

Asseff contó que este martes a las 16 horas se iba a presentar el libro en la Biblioteca del Congreso, pero desde Ceremonial de la Cámara Baja le comunicaron que la actividad había sido cancelada.

El legislador denunció: “Teníamos esta actividad, pero mediante la inconstitucional censura previa han comunicado a mi despacho que ‘no se hace’. La presión del kirchnerismo la dio por tierra. La libertad de expresión no existe en la democracia K”.

Asseff fue contundente: “Es evidente que los sectores más extremos no pudieron aceptar que en la Biblioteca del Congreso se realizara una actividad en y con libertad para exponer hechos documentados y no opiniones. Lamentamos sinceramente esta descorazonante actitud que impide una reunión democrática y republicana”.

Por su parte, José D’Angelo, declaró: “Censura a mi libro ‘La estafa con los desaparecidos’ en el Congreso de la Nación. Prohibieron la presentación que iba a hacerse este martes con el diputado Asseff y Rosendo Fraga. Los que hablan de cancelación, proscripción y prohibición, censuran un libro”.

José D’Angelo.

La respuesta oficial

Diego Pietrafesa, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA), celebró la cancelación y destacó que fueron “los trabajadores de APL (Asociación del Personal Legislativo) los que impidieron este nuevo capítulo negacionista. Es por ahí”.

Qué dice el libro

D’angelo afirma que “desde la Secretaría DDHH y el Ministerio de Justicia de la Nación se han falseado historias y adulterado documentos públicos facilitando una multimillonaria estafa con los desaparecidos”.

Y explica: “Sin control alguno y durante años, diversos funcionarios han pagado casi tres mil millones de dólares en indemnizaciones por la represión ilegal del Estado, sin que los argentinos podamos conocer los datos que habilitaron esos pagos”.

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