La Cámara Federal respaldó este miércoles la investigación en donde fue imputado el presidente Mauricio Macri y en la que ya fueron indagados el ministro de Defensa Oscar Aguad, un funcionario, y dos abogados de la firma Correo Argentino SA, que perteneció a la familia del jefe de Estado.
Para entender el alcance de la resolución, hay que retrotraerse a las indagatorias realizadas por el juez federal Ariel Lijo a los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo; al ex ministro de Comunicaciones Aguad –hoy a cargo de Defensa- y a Juan Manuel Mocoroa –director de asuntos jurídicos de ese ministerio-.
Las citaciones se cumplieron, pero las defensas de dos directivos de Correo Argentino había planteado una “excepción de falta de acción por inexistencia de delito”, la nulidad de las indagatorias y el sobreseimiento de sus defendidos.
Aseguraron que la cifra de $70.163.910.895 utilizada por la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín para graficar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado nacional era “absurda”, resultado de un procedimiento “inédito”, marcado por “errores conceptuales y jurídicos”.
Según sostuvieron, “el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. oscila entre $528.800.216,35 y $651.321.558,21″, según la tasa de interés que aplique, y por ello “los porcentajes de la quita rondarían el 44% y el 54,5%, pero jamás el 98,87%, que parte de considerar que la deuda actualizada era de $70.163.910.895,10
Lijo rechazó el planteo. Las apelaciones llevaron el caso a la Cámara Federal. Este miércoles, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia entendieron que había que respaldar la decisión del magistrado y dieron un paso más: solicitaron que se determine si efectivamente el monto establecido por la fiscal Boquin es correcto, indicaron fuentes judiciales.
“Se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”, se precisó en la resolución.
Lijo deberá orientar la investigación para determinar si hubo una “quita abusiva” de la deuda entre el Correo Argentino SA y el Estado, tal como lo afirmó la fiscal cuando se opuso al acuerdo. Ese entendimiento finalmente no se concretó y aún está siendo debatido entre las partes. Pero la intervención de la fiscal Boquin dio origen a la investigación penal que sustancia el juez Lijo y en donde el ex fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri
