El Gobierno nacional dio luz verde a colegios y universidades privadas para que tengan total autonomía en la fijación de los precios de las cuotas, eliminando los límites y restricciones previas. Detalles, a continuación.
El Gobierno nacional, concedió a las instituciones educativas privadas de todos los niveles la libertad para fijar el precio de sus aranceles mensuales sin límites. Este cambio, implementado este lunes, se enmarca en la derogación de 69 normativas que Milei considera como obstáculos para las relaciones comerciales entre ciudadanos, y que, promovían un rol intervencionista del Estado.
La decisión gubernamental busca, en esencia, liberar a los colegios y universidades privadas de las restricciones previas en la fijación de precios, permitiéndoles ajustar sus aranceles de manera autónoma. Sin embargo, esta medida también generó preocupaciones sobre cómo impactará en la accesibilidad a la educación privada, especialmente para las familias que ya enfrentan presiones económicas.
La derogación de estas normativas refleja la orientación del Gobierno hacia una mayor liberalización de la economía, con la expectativa de fomentar la competencia y la eficiencia en el sector educativo privado.
Derogación de la normativa que regulaba a los colegios privados
En el marco de una serie de decisiones destinadas a desregular diversos aspectos de la economía, el Gobierno de Javier Milei derogó una normativa clave que regía desde 2019, según la cual los colegios privados estaban obligados a comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio. Esta medida permitía que la Secretaría, mediante un análisis, autorizara o rechazara los aumentos en las cuotas escolares.
La norma derogada establecía que la relación entre las instituciones educativas privadas y los estudiantes se asemejaba a contratos de adhesión, donde el establecimiento imponía las condiciones generales a las que los alumnos estaban sujetos, y la Secretaría tenía la responsabilidad de afianzar los derechos del consumidor.
La derogación de esta norma otorga a los colegios y universidades privadas la libertad de realizar ajustes en sus aranceles y establecer condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones. Esta medida se implementa en un momento crucial, a semanas de que los colegios secundarios reciban a estudiantes con materias adeudadas de ciclos anteriores y a menos de un mes del inicio del nuevo periodo escolar. La eliminación de estos controles regulatorios genera inquietudes sobre cómo afectará la accesibilidad a la educación privada, especialmente para aquellas familias que ya enfrentan desafíos económicos significativos.
